La privatización de Aysa se acerca a su conclusión: interesados en la puja
La privatización de Aysa representa una de las operaciones más significativas del Gobierno, no solo por su costo, sino también por el amplio número de clientes que abarca la compañía.
El Gobierno había establecido un valor de referencia alrededor de 400 millones de dólares, cifra que analistas del mercado consideran elevada, especialmente porque la venta implica un compromiso de inversión de 5000 millones de dólares en los primeros 20 años de concesión, con al menos la mitad de esa suma destinada a los primeros años de operación privada. Esta inversión es necesaria para optimizar la red y expandir su cobertura.
Aysa proporciona servicios a aproximadamente 14 millones de usuarios, posicionándose como una de las operadoras más grandes de agua y saneamiento en la región, solo por detrás de la red de San Pablo, que cuenta con cerca de 30 millones de clientes. Este proceso de privatización se enmarca en un contexto reciente donde el Estado redujo su participación de más del 50% a un 18% tras la venta de acciones por más de 2000 millones de dólares en 2024.
Con el cierre de la compulsa a la vista, se perfilan los competidores. Aysa ha atraído candidatos internacionales, a diferencia de privatizaciones anteriores. Un factor que ha elevado su atractivo es la colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, que participó en la elaboración del pliego de condiciones.
Los pliegos estipulan requisitos específicos para los postulantes, que incluyen demostrar experiencia en la gestión de servicios de agua, con la Ciudad de Buenos Aires designada como tribunal arbitral. Aunque el Gobierno ha reconocido preocupaciones sobre la justicia local, el enfoque fue desarrollar pliegos que puedan ser “blindados” ante posibles reclamos en tribunales internacionales. Un fallo adverso por la privatización de los 90 resultó en una sanción de 200 millones de dólares contra el Estado, en un caso que tuvo repercusión internacional.
Existen numerosos interesados con las credenciales necesarias, algunos de los cuales ya tienen relación con el sector. Además, se evalúan posibilidades de ofertas conjuntas, similar a lo ocurrido en el caso de Transener.
Entre los extranjeros interesados, se encuentran la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo (Sabesp) y Río Saneamento, ambas brasileñas y con amplia experiencia en grandes redes, así como Aguas Andinas, de Chile, controlada por el grupo español Agbar, filial del conglomerado francés Veolia. Agbar fue anteriormente gestionada por Suez, que tuvo el control del servicio de agua antes de la creación de Aysa, tras la cual el contrato fue rescindido por incumplimiento.
En el ámbito local también hay aspirantes, siendo el Grupo Roggio el más destacado, dada su envergadura, su interés en privatizaciones y su experiencia en la gestión hídrica.
El grupo participa en proyectos como el acueducto Gran Tulúm en San Juan, una infraestructura similar en Santa Fe, y la planta potabilizadora que beneficia a La Plata, Berisso y Ensenada. Además, ha sido preadjudicado para la modernización del sistema de agua potable en Córdoba Capital y gestiona Aguas Cordobesas. Su experiencia a nivel internacional incluye la construcción de sistemas de agua y saneamiento en Perú.
Otro interesado local es Mauricio Filiberti, propietario de una firma proveedora de cloro para potabilización de Aysa, mientras que se baraja la posibilidad de participación de Rowing, el estudio de ingeniería de Walter Román, y la constructora JCR.
El escenario sigue abierto, con diversas alianzas en consideración tanto entre actores locales como inversores internacionales que puedan aportar financiamiento, especialmente para las obras.
De acuerdo con la Fundación Colsecor, esta concesión tiene una gran relevancia: en Argentina, solo el 57,4% de la población tiene acceso a saneamiento. En los últimos dos años, únicamente se activaron dos proyectos de agua y saneamiento, y el 80% de las obras heredadas se encuentran paralizadas. Este problema es histórico; a pesar de que el Censo 2022 indicó que el 42,6% de la población carece de cloacas, en la última década se logró reducir esta cifra en ocho puntos porcentuales.
