Cómo las industrias locales buscan aprovechar el auge en la cordillera
“De repente, los problemas bélicos demostraron que la seguridad energética no era tal. Europa se quedó sin gas… El mundo mira a Argentina; se alinean los planetas”, comentó Gabriel Leiter, coordinador del grupo de proveedores mineros de UIPBA.
Esto se refleja en cifras concretas: de 140 yacimientos identificados en la cordillera, “hay 14 proyectos avanzados saliendo a la luz y decenas en cartera”, explicó. La Secretaría de Minería de la Nación prevé que las exportaciones del sector podrían triplicarse hacia fines de la década, impulsadas principalmente por el litio del Norte Grande y el cobre de San Juan y Catamarca.
Sin embargo, el proceso minero representa un desafío a largo plazo: “Cuando descubrís cobre en una montaña, a veces tardás 40 años hasta poder extraerlo”, aclaró Leiter.
El entorno para las pequeñas y medianas empresas (pymes) es complicado, como indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aunque ya hay firmas en proceso de transición. “El gobierno ordenó la macro, pero en la micro nos hace pasar por una sequía importante”, expresaron las pymes, que pidieron alivio fiscal y financiamiento en Parque Norte.
En medio de la recesión interna y una reconversión improvisada, el tejido industrial busca sobrevivir. “El trabajo lo estamos haciendo nosotros”, ilustró Dino Minozzi, responsable de Industrias de CAME, subrayando la falta de coordinación con el sector público.
Construir una sola mina de cobre de nivel mundial, según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), requiere más de 4000 millones de dólares y más de 1200 proveedores directos. Esta magnitud supera la capacidad logística y vial del país. El proyecto Vicuña, en San Juan, sirve como ejemplo de la inminente crisis logística.
“Vicuña necesita mover 70 millones de metros cúbicos de suelo. Toda Argentina, sumando las empresas del rubro, no llega a 5 millones. No sé cómo hará para mover lo que tiene, y hay 13 proyectos más… Esto afecta tanto al suelo como a insumos y materiales”, comentó Leiter.
El desbordamiento impacta en maquinarias, logística y recursos humanos. Ya se observa en el sector no convencional: “Desde el Paraná a Vaca Muerta van 250 camiones de arena por día. Ninguno es neuquino porque allá no hay suficientes. El neuquino debe prepararse o asociarse”, agregó.
Este desbordamiento ha reavivado tensiones entre provincias. Las provincias cordilleranas reclaman prioridad para sus trabajadores locales; sin embargo, la magnitud de las obras obliga a asociarse e incluso competir con países vecinos. “Las provincias dicen: ‘Esperamos toda la vida que la montaña dé trabajo y ahora vienen de Buenos Aires a sacárnoslo’. Tienen razón, pero solos no dan abasto. Lo que no hagamos creciendo juntos, vendrán otros países a hacerlo. Chile, en decadencia minera, se va a cruzar por completo”, advirtió el dirigente de UIPBA.
Con la urgencia de adaptarse a los nuevos motores de la economía, Minozzi destacó que CAME promueve capacitación y financiamiento para reconvertir las pymes de zonas industriales tradicionales como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe hacia la cordillera.
Existen ejemplos positivos: desde una fábrica de muebles en Santa Fe que equipa campamentos energéticos, hasta caleras rescatadas por el litio. Un caso destacado es el de Calidra, que construirá su sexto horno en La Laja (San Juan) para iniciar procesos de ingeniería en 2027, aumentando su producción a 219.000 toneladas anuales para abastecer la demanda de cobre, litio, oro y plata.
Desde el sector logístico privado, Andreani ha calificado a la energía y la minería como motores de crecimiento estratégico a través de un modelo 4PL que integra transporte nacional e internacional, almacenamiento y movimientos de carga sobredimensionada. La empresa adquirió dos plantas de 7000 m² en Salta y Neuquén para establecer hubs especializados, consolidando una red con presencia en Añelo y otras zonas del NOA. Esta infraestructura permitirá a proveedores y pymes de todo el país abastecer a los yacimientos de petróleo, gas, litio y cobre con servicios de última milla y trazabilidad digital en tiempo real, evitando costosas inversiones en depósitos locales.
Desde UIPBA, junto con entidades como IRAM y Grupo Petersen, lanzaron un programa para fortalecer a las empresas proveedoras de los sectores de Energía, Minería y Oil & Gas de la provincia de Buenos Aires. A través de capacitaciones, se promueve la vinculación con empresas e instituciones para facilitar oportunidades de negocio y potenciar la participación de las pymes en los principales proyectos del país.
El llamado a una mayor competencia también proviene del Grupo de Proveedores del Sector Petrolero (GAPP), que reúne a más de 280 empresas nacionales productoras de equipamiento y servicios para Oil & Gas, minería y petroquímica, con 2200 líneas de productos en 15 provincias.
El GAPP ha señalado que las pymes atraviesan un “valle” de actividad debido a la reconfiguración del mercado convencional y la transición al no convencional. Actualmente, enfrentan una doble competencia sin cierres pero con alta capacidad ociosa y despidos.
El colapso de los mercados internos ha llevado a los talleres relacionados con autopartes, maquinaria agrícola, obra pública y metalurgia general a volcarse rápidamente hacia la minería y el Oil & Gas. Simultáneamente, el GAPP advierte que los estrictos estándares de calidad y certificaciones internacionales que deben cumplir representan un obstáculo considerable para las empresas tradicionales.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha acelerado anuncios importantes, pero también ha desatado un debate en torno a la asimetría fiscal. Mientras los megaproyectos deben importar con arancel cero y gozan de estabilidad por 30 años, la industria nacional enfrenta una alta presión impositiva. “Como textil tengo 52% de impuestos en mi producto. ¿Cómo compito contra un chino que viene sin impuestos, con energía y flete marítimo subsidiados? Hay que aflojar las sogas de los impuestos”, cuestionó Leiter, proveedor de ropa de trabajo.
Esta falta de competitividad ha generado conflictos: empresas locales denunciaron que grandes operadoras importaron campamentos modulares prearmados de China, eludiendo a fabricantes locales. El GAPP refuerza su preocupación por las exenciones del RIGI que permiten importar bienes usados que podrían fabricarse en el país, lo que desincentiva la inversión local.
Las críticas también abordan cuestiones de sustentabilidad y seguridad, dado que el 65% de los materiales asiáticos inspeccionados por el GAPP tienen objeciones técnicas, lo que implica serios riesgos operativos. “Si las grandes operadoras necesitan subsidios para competir, las pymes industriales —que generan arraigo y empleo— deberían contar con los mismos beneficios frente a China u otros orígenes”, planteó el GAPP.
Otro de los obstáculos en esta transición es el acceso al crédito. Con una relación crédito-PBI apenas del 12% en el país, comparado con el 50% a nivel regional, el financiamiento tradicional se vuelve inalcanzable.
Las tasas bancarias para capital de trabajo varían entre el 38% y el 48%, otorgando mayor relevancia al mercado de capitales y al Sistema de Garantías Recíprocas (SGR).
María Paula Di Pietro, gerente de CASFOG, señala que las SGR son un recurso valioso: el 76% de sus usuarios son micropymes y el 18% pequeñas empresas. El comercio lidera el sistema con el 31% de los avales otorgados, seguido por servicios (24%) e industria manufacturera (22%). El sector agropecuario representa el 19% de las operaciones vigentes, mientras que la construcción tiene una presencia menor con el 4% restante.
Los costos son significativos, ya que mientras las tasas bancarias rondan el 33%-35%, el segmento avalado por SGR en el mercado de capitales opera a una tasa promedio del 27%.
Para impulsarlo, la Resolución 94/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio facilitó el acceso al financiamiento, permitiendo a las pymes del mercado interno calificar por avales en dólares para equipamiento pesado, comprometiendo hasta el 50% del Fondo de Riesgo de las SGR. Para las exportadoras, el aval se calculará de forma flexible según su flujo estimado de divisas.
Esta simplificación se complementa con la integración del Legajo Único (LUFE) para centralizar datos fiscales y generar un scoring crediticio automático.
A pesar de esto, el sector privado continúa advirtiendo sobre la carencia de herramientas financieras como la principal barrera, ya que las operadoras imponen exigencias de calidad que demandan reformas físicas significativas en las plantas para cumplir con los estándares requeridos.
