9 julio, 2026

La eliminación de retenciones e impuestos podría llevar más de una década

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Diversos sectores económicos, especialmente aquellos afectados por la pérdida de competitividad en años recientes debido a la apertura del mercado, han exigido la reducción de impuestos, concentrándose principalmente en la eliminación de los considerados “distorsivos”. Aunque el Gobierno ha realizado algunos progresos, lograr una disminución significativa en la carga impositiva sin generar desequilibrios fiscales podría extenderse por más de diez años.

Un informe del IERAL indica que el crecimiento sostenido resulta inviable con una estructura impositiva que deteriora la competitividad y desincentiva la inversión.

Este informe resalta la necesidad urgente de eliminar tributos muy “distorsivos”, como los derechos de exportación, el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, así como Ingresos Brutos, Sellos y diversas tasas municipales que afectan las ventas.

Sin embargo, la eliminación de estos impuestos no es un proceso sencillo, ya que en su conjunto generan más del 7% del PBI, constituyendo una fuente fundamental de recursos para los distintos niveles de gobierno.

Además, el estudio realizado por Osvaldo Giordano señala que cualquier reestructuración del sistema tributario no debe comprometer el equilibrio fiscal. “Tras años de desorden macroeconómico, implementar alivios tributarios sin una base de financiamiento sería altamente perjudicial”, explicaron.

En consecuencia, se sostiene que la remoción de los impuestos más distorsivos debería ir acompañada de una reducción del gasto público que compense la pérdida de ingresos fiscales, lo que lleva a pensar en una estrategia de “gradualismo tributario”.

Dentro de los componentes del gasto público, es razonable anticipar que las futuras reducciones serán limitadas y requerirán un lapso considerable para concretarse.

Más significativamente, desde el centro de estudios añaden que hay partidas con una dinámica expansiva constante. Un claro ejemplo es el gasto previsional, que consume una porción considerable del presupuesto nacional y el de trece provincias.

“Mientras se siga postergando la reforma previsional, será necesario implementar un considerable esfuerzo de austeridad para evitar que el incremento de las erogaciones previsionales haga que el gasto público total crezca a un ritmo superior a la inflación”, señaló el IERAL.

Reconociendo la realidad, los expertos consideran que cualquier disminución futura en el gasto público será, como máximo, moderada.

Otra opción es confiar en que el crecimiento económico ampliará la base tributaria, incrementando la recaudación total y, si se mantiene estable el gasto público, generando espacio para reducir gradualmente esos impuestos.

En este contexto, el IERAL estudió la viabilidad de dicha transición y concluyó que el escenario más optimista contemplaría un crecimiento real sostenido del 3,3% anual.

“Es fundamental recordar que Argentina no ha logrado un crecimiento sostenido a ese ritmo en la historia reciente, principalmente debido a que los impuestos distorsivos que se pretende eliminar lo impiden”, advirtió el IERAL.

Incluso bajo esta premisa, las posibilidades seguirían siendo limitadas. El Estado requeriría de 11 años de crecimiento económico sostenido para reemplazar los recursos que se perderían con la eliminación de las retenciones y del impuesto al cheque.

En la práctica, si la prioridad se centra en las retenciones, el sector agrícola tendría que esperar cerca de cuatro años para su total eliminación. El impuesto sobre las transferencias bancarias podría desaparecer siete años más tarde.

A nivel provincial, los plazos son aún más extensos y las disparidades entre jurisdicciones son notables. Incluso bajo la hipótesis de un gasto público congelado y utilizando íntegramente el aumento en la coparticipación generado por el crecimiento económico para reemplazar la recaudación de Ingresos Brutos y Sellos, las provincias más grandes requerirían más de diez años.

El tiempo estimado sería de alrededor de 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 años en Córdoba, y casi 20 años en la provincia de Buenos Aires.

En este marco, el IERAL enfatizó: “A la austeridad en la gestión del gasto, se debe agregar audacia y creatividad en la reforma tributaria. Mejorando la recaudación de impuestos eficaces se puede avanzar más rápidamente en la eliminación de los impuestos perjudiciales”.

El IERAL también identificó la superposición de impuestos sobre un mismo hecho imponible como uno de los principales problemas del sistema tributario argentino. Por ejemplo, las ventas están gravadas simultáneamente por el IVA, el impuesto sobre Ingresos Brutos y las tasas municipales, una estructura que califica como ineficiente y distorsiva.

Por ello, propone avanzar hacia un sistema de “Súper IVA” que unifique la recaudación en un solo tributo al consumo. Según el instituto, esta clase de impuesto permitiría mantener el nivel de ingresos fiscales con un diseño más simple, neutral y transparente, además de facilitar el control, reducir la evasión y mitigar el impacto negativo en la competitividad.

Por último, el IERAL sugirió que una reforma de esta índole podría hacer posible la eliminación de los derechos de exportación sin sacrificar recursos fiscales, siempre que se refuerce la recaudación de tributos como Ganancias y Bienes Personales. No obstante, advirtió que una transformación de esta magnitud requiere de amplios consensos políticos y un trabajo técnico sustancial. En este sentido, puntualizó que uno de los errores del Consenso Fiscal de 2017 fue adoptar un enfoque gradualista, lo que, a su juicio, comprometió la implementación efectiva de la reforma.

“Suponer que la economía crecerá lo suficiente como para compensar las pérdidas derivadas de la reducción de impuestos es, como demostró esa experiencia, una apuesta muy arriesgada”, concluyó el informe.

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