27 mayo, 2024

La Academia Nacional de Derecho también cuestionó con dureza a Ariel Lijo y su postulación la Corte Suprema

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El juez federal Ariel Lijo se retira el jueves 11 de Agosto de 2016 de los tribunales federales de Retiro, ubicados en Av Comodoro Py 2002, en Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina. FOTO PEDRO LAZARO FERNANDEZ

Las voces críticas contra la polémica postulación del cuestionado juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia, por propuesta del presidente Javier Milei, se han vuelto una novedad diaria desde distintos ámbitos académicos, jurídicos y políticos. Este jueves alzó la voz la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que exigió candidatos para el máximo tribunal que sean “juristas relevantes e imparciales” y que tengan “una acrisolada moral pública”, en una dura aseveración lanzada sin dar nombres pero con obvio objetivo.

“La cobertura de cualquier vacante que se produzca en el alto tribunal de la República requiere del nombramiento de juristas relevantes e imparciales, que no solo posean condiciones de idoneidad para el ejercicio de esa alta función que les encomienda el Estado sino, fundamentalmente, una acrisolada moral pública, en el sentido que le atribuye el art. 19 de la C.N. a las acciones privadas de los hombres”, expresó la entidad de académicos del Derecho que presiden Juan Carlo Cassange, en un texto con su firma y la del secretario de la agrupación Eduardo Sambrizzi.

Desde la Academia remarcaron que “la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica un acto de suma trascendencia institucional, habida cuenta de la misión que debe cumplir, a fin de preservar la separación de los poderes y resolver los conflictos que se suscitan entre ellos, así como para tutelar la realización efectiva de la justicia, en el ámbito de su competencia constitucional”.

Y en ese sentido, apuntaron a una crisis de institucionalidad. “El Poder Judicial no escapa a la decadencia en la que se halla nuestra República y urge recuperar su prestigio, fortaleciendo su independencia e idoneidad, ya que constituye la institución encargada de garantizar la vigencia formal y material del sistema que prescribe nuestra Carta Magna”, sostuvo la comunicación que omitió el nombre de Lijo en sus líneas.

En un texto de tono liberal clásico enmarcó la postulación de Lijo en un momento de crisis, pero destacó los aires que remontan a “Echeverría y Alberdi” en contraste con “la sombra del estatismo y el populismo”, la Academia recordó “un pronunciamiento con fecha 1 de diciembre de 2023 criticando la iniciativa de promover juicio político a los integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En un plano más amplio de la actualidad, la Academia celebró “la reversión del estatismo” como “un hecho valioso” que “debería adoptarse como política de Estado”. Aunque advirtió: “Estamos convencidos de la necesidad de que todos los cambios legislativos que se propician deben respetar las normas y principios constitucionales que proclaman los postulados del Estado de Derecho vigentes en toda democracia civilizada, comenzando por el principio de legalidad”.

Una decena de entidades ya cuestionó la nominación del polémico juez Ariel Lijo
La postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema sigue sumando críticas. A continuación, una recopilación de diez entidades:

El Colegio de Abogados de la Ciudad emitió un comunicado y su titular, Alberto Garay fue contundente: “El problema que existe con la postulación del Lijo es que es una persona que como juez, todos los antecedentes que tiene, todo lo que ha generado repercusión de su actuación, es todo malo”.

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, exigió que los candidatos para el máximo tribunal que sean “juristas relevantes e imparciales” y que tengan “una acrisolada moral pública”, en una dura aseveración lanzada sin dar nombres pero con obvio objetivo.

La Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA) solicitó que se propongan mujeres para el cargo y pidió que el Gobierno espere a que el supremo Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años a fin de año para presentar un candidato a reemplazarlo.

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) sostuvo que el magistrado despierta “demasiadas polémicas” en su trayectoria por tribunales y remarcar el rol de su hermano, Alfredo “Freddy” Lijo, definido como, “operador judicial”.

En el mismo sentido se pronunciaron AmCham, IDEA y el Club Político Argentino.

Desde AmCham Argentina solicitaron a las autoridades responsables “a llevar a cabo un proceso de selección riguroso, que garantice la designación de funcionarios comprometidos con la justicia y la equidad” y subrayaron que “la confianza en el sistema judicial es fundamental para crear un clima de negocios favorable, el cual permita atraer inversiones, fomente la innovación, la competencia, el desarrollo productivo y permita convertir a la Argentina en un país viable”.

Por su parte, el texto difundido por IDEA se tituló “Condiciones necesarias para integrar la Corte Suprema de Justicia” e hizo hincapié en la importancia que tiene la Corte, “cabeza del Poder Judicial e intérprete último de la Constitución Nacional”, porque cumple un “rol esencial en el fortalecimiento de la calidad institucional de nuestro país” y para ello es necesario generar en ella confianza “que posibilite atraer inversiones para el crecimiento y la consecuente generación de más puestos de trabajo”. Así, marcó su desacuerdo con la decisión de elegir a Lijo y a García Mansilla como los nuevos ministros de la Corte.

“El Club Político Argentino instó a que se presenten candidatos que ofrezcan, ante la sociedad, claras garantías de capacidad jurídica y de ejemplaridad moral para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza el comunicado.

También se manifestaron en contra de Lijo, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, la Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF) y la Asociación de Magistrados.

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