Universidades: esperan un cumplimiento de la ley de Fondos con un nuevo aumento del 25% para los docentes
Este fallo se consideró un gran triunfo para las Universidades nacionales, que habían visto cómo la falta de ajustes salariales -un problema abordado por la ley sancionada por el Congreso en 2025, que fue vetada por Javier Milei, pero que logró ser reinstalada con el apoyo de dos tercios de ambas Cámaras- había llevado a los docentes y no docentes a perder cerca del 50% de sus ingresos ante la inflación. Sin embargo, el clima actual es de tensa espera. El Gobierno no ha emitido comentarios tras el fallo, aunque se ha dejado entrever que cumplirá con lo ordenado por la Justicia.
“Este mes (a inicios de julio) se pagó el acuerdo paritario, el 21%. Pero sobre la cautelar no hay novedades, ni hubo un llamado formal. Lo que sí, en el acuerdo de mayo entre el Gobierno, los rectores y los sindicatos, se estableció el 15 de septiembre como fecha para discutir la paritaria, y es necesario sentarse a conversar”, manifestó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA).
Los rectores esperan que el Gobierno honre la cautelar en la próxima liquidación de haberes, que involucra a aproximadamente 200 mil docentes universitarios en todo el país. Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, afirmó: “El Gobierno debería convocar a paritaria y plantear allí la recomposición de lo pendiente, o hacer efectivo el pago directamente a partir de la siguiente liquidación”. Añadió que “el plazo para evaluar cómo proceder debería ser la liquidación de este mes, que se realiza alrededor del día 20”, al ser consultado sobre la posibilidad de una nueva acción judicial tras tres semanas sin respuestas.
Frente al silencio del Gobierno, la comunidad universitaria encontró una referencia clara en la Cámara de Diputados, durante una reunión acalorada de la Comisión de Educación el 1 de julio. Su presidente, Alejandro Finocchiaro, quien fue ministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri y ahora es un aliado cercano a Javier Milei, impidió que la diputada entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) incluyera el debate sobre la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Finocchiaro argumentó que “a raíz del fallo de la Corte, el Gobierno con quien hablé… en las Universidades se liquida el 15, 16, 14, el mes que viene el Gobierno va a liquidar conforme al fallo de la Corte, por eso devino abstracto y no se trata más”. Bartolacci también comentó que los rectores, que representan a más de 60 universidades nacionales agrupadas en el CIN, respaldarán el pedido de convocatoria a paritaria que realizarán los sindicatos esta semana para solicitar la actualización conforme a la cautelar.
Los sindicatos del sector, junto al abogado constitucionalista Pablo Manili, quien presentó la demanda en representación del CIN, advirtieron tras el fallo de la Corte que, en caso de incumplimiento, los funcionarios del Gobierno, desde el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, hasta el presidente Javier Milei, pasando por el ministro de Economía, Luis Caputo, podrían enfrentarse a acciones legales por desobediencia, así como a embargos y multas sobre sus patrimonios personales.
“Estamos a las puertas del receso invernal, con el Mundial que acapara atención, y el Gobierno que dice que va a cumplir… no se quiere entrar en un camino de denuncias por incumplimiento, por eso preferimos esperar a ver si se cumple con el pago correspondiente a julio”, indicó una fuente de la comunidad universitaria que ha seguido de cerca todo el proceso.
A pesar de ello, dos de los gremios más representativos, CONADU y CONADU Histórica, han anunciado que tomarán medidas de fuerza si el pago no se efectiviza. Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, indicó que “desde el fallo de la Corte han permanecido en silencio. Imagino que han pasado horas de incertidumbre, porque el Gobierno sabe que las opciones judiciales se están agotando y que debe cumplir lo que ha estado tratando de evitar durante casi seis meses, que es la aplicación de la ley”.
Además, remarcó que la CONADU decidió en su última asamblea que si en el próximo salario no se refleja el incremento, “tomaremos medidas de fuerza”. También expresó que “los funcionarios se exponen a acciones legales”.
