Obra pública: el oficialismo propone regularizar contratos estancados por años
La propuesta tiene como objetivo superar la inacción administrativa mediante el pago de una suma final y única, calculada a partir de parámetros objetivos, a cambio de la renuncia a cualquier acción legal existente o futura contra el Estado. El régimen propuesto tendría una vigencia de 24 meses.
El impulso de esta iniciativa proviene del senador Enzo Fullone (Río Negro), quien cuenta con el apoyo de la líder del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), así como de Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos) y otros miembros de la bancada.
Bullrich confirmó que el proyecto cuenta con la aprobación de la Casa Rosada para su discusión legislativa este año, como parte de una agenda de iniciativas que se debatirán en paralelo a temas como la reforma electoral y cambios en la ley de zonas frías, entre otras cuestiones consideradas prioritarias.
Se prevé iniciar la discusión en comisiones una vez que se avance en el tratamiento de una reforma a la ley de biocombustibles, un tema que comenzó a debatirse en comisiones a principios de junio, pero que quedó paralizado debido a la crisis que llevó a la salida de Manuel Adorni del Gobierno.
Fullone, quien se desempeñó como directivo de Vialidad Nacional en la provincia de Río Negro, basa su propuesta en un contexto crítico, señalando que hay un “sistema bloqueado” por contratos sin cierre administrativo. “Esta es una realidad extendida en todo el país”, afirmó, añadiendo que el problema trasciende las obras paralizadas. “Existen contratos que no tienen recepción definitiva ni cierre formal, aunque muchas obras estén concluidas, en uso o ejecutadas hace años”, explicó.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, hay al menos 57 obras públicas nacionales en estado de neutralización, y en Río Negro afectan rutas clave como las 22, 23 y 151, cuyos trabajos comenzaron entre 2009 y 2021, impactando negativamente en la conectividad y la seguridad vial en la región.
El núcleo de la iniciativa propone implementar un sistema de “concesiones recíprocas” entre las empresas contratistas y el Estado, lo que permitiría finalizar de mutuo acuerdo los vínculos contractuales. Para las empresas, el principal incentivo radicaría en la condonación de multas generadas durante la inactividad y la liberación de garantías (pólizas de caución y fondos de reparo) al aceptar lo ejecutado.
Adicionalmente, las empresas se beneficiarían al obtener una salida sin sanciones en el Registro de Constructores, siempre y cuando no haya mediado dolo o culpa grave en las causas que causaron la paralización.
Por su parte, el Estado obtendría de los contratistas una renuncia explícita a cualquier reclamo por el lucro cesante por la parte no ejecutada, aceptando además el carácter de “cierre administrativo total”. Esto implica una renuncia recíproca a cualquier acción judicial o administrativa posterior, disminuyendo así el riesgo de futuros litigios que impacten en las arcas públicas.
Un aspecto fundamental para la implementación del sistema es la creación de una “certificación de cierre”. A través de esta figura, el Estado reconocerá a las empresas una suma fijada y definitiva por gastos de mantenimiento de obrador, acopios y vigilancia, extinguiendo cualquier pretensión de mayores costos administrativos.
Dicho pago se realizará en base a un informe técnico previo que deberá elaborar la autoridad de aplicación, cuyos detalles quedan a criterio del Poder Ejecutivo. Este informe deberá considerar el grado de avance físico y financiero de la obra al momento de la paralización, el tiempo transcurrido desde que se detuvieron los trabajos, las causas que llevaron a la neutralización, y la evaluación de la conveniencia para el interés público.
Desde el bloque oficialista argumentan que esta medida constituye una “propuesta concreta para abordar un problema que la Argentina arrastra desde hace más de veinte años”. Fullone destacó que el propósito final es no solo sanear el balance del Estado, sino también permitir que los emplazamientos actuales puedan ser reactivados mediante nuevas modalidades de contratación con proyectos actualizados, reduciendo así los riesgos para quienes transitan las rutas nacionales.
