Vialidad: la fiscalía estima que el monto del decomiso a Cristina y los condenados asciende a 897.851.557.131 pesos
En junio del año pasado, al reafirmarse la sentencia del caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, pidió al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal que calculara el valor actual del dinero involucrado en la maniobra fraudulenta. Durante el juicio en 2022, la acusación había demandado un monto original de 85.000 millones de pesos.
Se determinó que el decomiso por el fraude perpetrado entre 2003 y 2015 a través de 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez, mediante métodos irregulares como el direccionamiento de contratos, concursos simulados y sobreprecios de aproximadamente el 65%, ascendía a 684.990.350.139,86 pesos.
Las defensas cuestionaron el cálculo utilizado para llegar a este monto, y fue el máximo tribunal el que, recientemente, resolvió el asunto: al rechazar las impugnaciones, quedó firme la cifra del decomiso.
Sin embargo, la fiscalía de Diego Luciani ha comenzado a revisar los valores nuevamente. Según trascendió, existe un nuevo cálculo no oficial que estima que, desde la última actualización efectuada en julio de 2025 —que mantenía el monto en 685.000 millones de pesos—, se ha perdido un total de 212.861.206.992 pesos. Esto representa un aumento del 31,08%, equivalente a un incremento promedio del 1,49% mensual (34,34% anualizado).
Este cálculo fue realizado utilizando la misma metodología que aplicaron los peritos de la Corte Suprema, fórmula que fue avalada en la reciente decisión. Por lo tanto, para el Ministerio Público Fiscal, se debería reclamar ahora 897.851.557.131 pesos. “Dado que el monto ya ha quedado desactualizado al menos desde julio del año pasado, se está evaluando solicitar la actualización. Cuantas más tácticas utilicen para evitar restituir lo que sustrajeron del Estado, mayor será la cifra de decomiso”, señalaron fuentes judiciales.
Será el TOF 2 quien decida, si lo considera pertinente, sobre la actualización una vez que reciba la solicitud del fiscal Luciani.
El decomiso es el mecanismo que posee el Poder Judicial para recuperar los beneficios derivados del delito. En términos simples, es la vía para que los condenados devuelvan lo que han robado de las arcas del Estado.
En ocasiones anteriores, Luciani había pedido la pronta ejecución patrimonial, dado que Cristina Kirchner y los otros acusados nunca han depositado voluntariamente el monto exigido por el TOF 2. No solo eso, también han recurrido a diversos artilugios procesales que han sido rechazados repetidamente por el tribunal encargado de ejecutar la sentencia y por los tribunales superiores.
A raíz de los recursos presentados, Luciani sostiene que el proceso de recuperación de activos ordenado por sentencia firme se ha visto retrasado. La resistencia exhibe una total falta de arrepentimiento y representa un desafío a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley.
Desde la perspectiva del representante del Ministerio Público, muchos de los condenados presentan fortunas de una opulencia desmedida, lo que les permitiría, al menos, iniciar el complejo proceso de recuperación de activos obtenidos mediante actos de corrupción durante doce años.
El primer pedido de decomiso, ratificado por la Cámara de Casación, abarca 111 bienes muebles e inmuebles (20 pertenecientes a la familia Kirchner, 84 a Lázaro Báez, y el resto distribuido entre empresas y otros acusados). La Corte Suprema será la que decida si la ejecución de bienes ordenada en noviembre pasado por el TOF 2 es procedente, al analizar la apelación presentada por la ex Presidenta y los demás condenados.
Si el máximo tribunal desestima esos reclamos, se convertirá en el titular de los bienes decomisados, como cabeza del Poder Judicial. Los jueces de la Corte tendrán que determinar el destino de las propiedades y vehículos incluidos en este primer lote exigido por el Ministerio Público. Aquellos que no sean de utilidad para la justicia podrán ser cedidos a organismos públicos o vendidos en remate.
El TOF 2, presidido este año por Rodrigo Giménez Uriburu, se encuentra trabajando en una segunda ronda de bienes a decomisar, solicitados en febrero por el fiscal Luciani.
Este segundo lote comprende 141 inmuebles, que incluyen 13 propiedades pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Lázaro Báez, así como 46 vehículos.
Además de un exhaustivo inventario de propiedades, el Ministerio Público solicita como parte del decomiso 4.664.000 dólares de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una cuenta del Banco de Galicia; y 53.280,24 pesos.
La medida solicitada por el fiscal Luciani y su colega Sergio Mola busca recuperar a través de las propiedades un valor lo más cercano posible a los 685.000 millones de pesos fijados como decomiso.
Es importante recordar que el TOF 2 ordenó avanzar sobre todos los bienes adquiridos por los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se llevó a cabo la maniobra defraudatoria.
Este argumento fue utilizado para proceder contra 19 inmuebles que Cristina Kirchner heredó a sus hijos en 2016, de manera gratuita y en partes iguales. Para la justicia, dichas propiedades fueron sumadas a la fortuna de la ex mandataria durante la administración fraudulenta.
Entre las propiedades de Cristina Kirchner que se incluyen en esta segunda solicitud de decomiso se encuentran el departamento en la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, el hotel La Aldea de El Chaltén y el hotel Alto Calafate, ambos investigados por lavado de activos.
Asimismo, se ha agregado un chalet en la costanera de Río Gallegos, así como varias casas, terrenos y departamentos en la capital santacruceña.
El fiscal Luciani se encuentra elaborando lo que derivará en un tercer pedido de bienes a decomisar, que incluye la identificación de activos de sociedades implicadas, inmuebles, estancias y vehículos. Se están analizando 18 participaciones accionarias de Lázaro Báez y algunas propiedades pertenecientes a la familia Kirchner a través de sus empresas: Los Sauces, Co.Ma SA y Hotesur.
