Condenaron a 10 años de prisión a un dirigente social de Chaco por asociación ilícita y lavado de activos
El Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia consideró responsables a Fernando Ayala y Walter Antonio Pasko por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La sentencia fue dictada por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano.
La investigación alcanzó también a María José Reinau, pareja de Ayala y responsable de una fundación, quien recibió una pena de siete años de prisión por su participación en los mismos delitos.
El caso tomó mayor notoriedad en abril de 2025, cuando Ayala fue detenido luego de que se conocieran imágenes registradas por cámaras de seguridad en las que aparecía contando importantes cantidades de dinero en su vivienda. En esas escenas también intervenían sus hijos menores, que lo asistían durante esas tareas.
La causa investigó el funcionamiento de una estructura que habría utilizado facturas falsas emitidas por cooperativas para justificar operaciones con distintos organismos públicos de Chaco. Entre las dependencias involucradas aparecen el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo y el Ministerio de la Producción.
También fueron detectadas operaciones vinculadas con cinco municipios de la provincia. De acuerdo con la investigación, el monto de las maniobras bajo análisis rondó los $150 millones.
La pesquisa estuvo a cargo de la Justicia Federal de Resistencia y contó con la intervención del fiscal federal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger. El expediente permitió reconstruir las operaciones que derivaron en las condenas por asociación ilícita y lavado de activos.
Además de Ayala, Pasko y Reinau, el tribunal condenó a otras ocho personas. Diana Daniel recibió seis años de prisión; María Belén Reinau, cinco años y seis meses; Edith Ayala, cinco años; Jorge Pasko y Álvaro Pasko, cuatro años y seis meses cada uno; Ariel Acevedo y Osvaldo Godoy, cuatro años cada uno; y Juana Brahim, tres años y seis meses.
El fallo también ordenó el decomiso de los bienes que los condenados hubieran adquirido mediante las maniobras de lavado de activos. Los elementos deberán ser incautados dentro de un plazo de diez días hábiles.
Para ejecutar esa medida, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera deberán elaborar un inventario de los bienes alcanzados por el decomiso.
La causa también había establecido vínculos de Ayala con el dirigente piquetero Ramón “Tito” López, quien se encuentra detenido en otra investigación.
