El Senado retoma el debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental
Las comisiones de Salud y Legislación General se reunirán a las 15 para analizar el nuevo texto, que incorpora modificaciones sobre las internaciones involuntarias y suma el consumo problemático de drogas al abordaje de la salud mental.
Uno de los puntos que había frenado el avance del proyecto era precisamente el régimen para disponer internaciones sin consentimiento. La nueva redacción establece que deberán intervenir dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, especializado en psiquiatría. De esta manera, se evita que la evaluación quede limitada exclusivamente a un especialista de esa disciplina.
El criterio para recurrir a una internación involuntaria se mantiene restringido a situaciones en las que exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.
El texto también incorpora pautas vinculadas con las características particulares de cada paciente. El tratamiento deberá contemplar su edad, desarrollo cognitivo y situación afectiva y mental.
Otro de los cambios está relacionado con la intervención judicial. La propuesta modifica los procedimientos de comunicación a la Justicia y contempla que, en circunstancias excepcionales, pueda extenderse el plazo para informar la internación y fundamentar las razones que llevaron a tomar esa decisión.
A su vez, el proyecto incorpora la obligación de elaborar un plan de egreso desde el momento del diagnóstico como condición vinculada con la internación. También establece la notificación anticipada a un representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos, según corresponda, con el propósito de facilitar la posterior reintegración de la persona a su entorno.
El consumo problemático de sustancias en menores de edad tendrá además un abordaje específico. La atención deberá estar a cargo de equipos profesionales capacitados para trabajar con esa población.
La inclusión de las adicciones a las drogas dentro del ámbito de la salud mental constituye uno de los cambios centrales que busca introducir el Gobierno. La modificación amplía el alcance del abordaje previsto en la legislación vigente.
Al mismo tiempo, la reforma mantiene la prohibición de crear manicomios o instituciones destinadas exclusivamente a la internación crónica de personas con problemas de salud mental, en línea con uno de los principios establecidos por la normativa actual.
El proyecto también contempla eliminar los artículos vinculados con la Ley 26.827, relacionados con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
La iniciativa había sido presentada en abril y durante su tratamiento se realizaron tres reuniones informativas. El debate quedó interrumpido después del encuentro del 20 de mayo, mientras se buscaban acuerdos sobre los puntos que generaban mayores diferencias.
Uno de los principales intentos para destrabar la discusión se produjo el 24 de agosto, cuando Patricia Bullrich mantuvo una reunión con ministros de Salud provinciales y funcionarios del Ministerio de Salud para analizar modificaciones que permitieran avanzar con la iniciativa.
Con los cambios que el oficialismo está dispuesto a incorporar, las comisiones buscarán ahora alcanzar un texto consensuado y avanzar hacia la firma del dictamen. El proyecto había generado diferencias tanto dentro del oficialismo como entre los distintos sectores de la oposición.
