Investigan quiénes podían aprobar los permisos SIRA durante el cepo cambiario
En ese marco, el fiscal federal Franco Picardi solicitó a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa, dependiente del Ministerio de Economía, que informe con carácter urgente quiénes eran los funcionarios habilitados para intervenir en esas decisiones durante 2022 y 2023. El organismo deberá responder el requerimiento en un plazo de 72 horas.
El pedido apunta a identificar con precisión a las personas que podían autorizar o rechazar las solicitudes. Picardi ya había recibido documentación sobre los participantes del proceso de tramitación de las operaciones, pero consideró que la información aportada hasta el momento no permite determinar de manera completa quiénes tenían las facultades requeridas.
Paralelamente, el fiscal volvió a solicitar por tercera vez al juez federal Ariel Lijo el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de un grupo de operadores vinculados con la investigación.
La causa intenta establecer cómo funcionaba el circuito de acceso a las autorizaciones y quiénes intervenían en las distintas etapas. Uno de los objetivos es determinar si existió algún vínculo entre operadores financieros, casas de cambio, empresarios y funcionarios públicos.
La investigación analiza una presunta estructura de corrupción alrededor del SIRA. En particular, Picardi busca determinar si empresarios y financistas habrían entregado pagos ilegales equivalentes a entre el 10% y el 15% del valor de determinadas operaciones para conseguir la aprobación de las solicitudes o acelerar los tiempos de autorización.
Otro de los aspectos bajo análisis es el eventual uso del sistema para realizar operaciones conocidas como “rulo cambiario”. La hipótesis apunta a establecer si algunos usuarios obtenían dólares al tipo de cambio oficial para luego venderlos en el mercado paralelo y obtener una diferencia a partir de la brecha entre ambas cotizaciones.
La identificación de los funcionarios con capacidad de decisión y el análisis de la información financiera forman parte de las medidas con las que la fiscalía busca reconstruir el funcionamiento del esquema y determinar si existieron conexiones entre los distintos actores investigados.
