Telecomunicaciones: reclamo por el aporte al Fondo de Servicio Universal
El pedido fue presentado en agosto ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y volvió a plantearse durante una reunión de la Mesa TIC Argentina realizada en Córdoba.
El reclamo se produce mientras el Gobierno avanza con un programa que utilizará cerca de US$12 millones del FSU para llevar conectividad satelital a 6000 escuelas rurales mediante el servicio de Starlink. El acuerdo establece que la empresa aportará los equipos y cubrirá los primeros 24 meses del servicio, mientras que el Estado se hará cargo de la instalación, administración, soporte técnico, monitoreo y de un año adicional de conectividad.
Para las empresas del sector, este esquema vuelve a poner en discusión la forma en que se utilizan los recursos del Servicio Universal. Su planteo es que, si los objetivos del fondo también pueden alcanzarse mediante inversiones directas en infraestructura y conectividad, esas acciones deberían poder computarse a la hora de determinar el aporte obligatorio.
En ese sentido, señalaron que cooperativas, pequeñas y medianas empresas y operadores regionales y nacionales ya brindan conectividad a escuelas y centros de salud mediante infraestructura propia. Según el planteo presentado ante el Enacom, esas inversiones contribuyen directamente a los objetivos que busca alcanzar el Servicio Universal, al mismo tiempo que los operadores realizan aportes al fondo.
Las empresas también cuestionaron el nivel de ejecución de los recursos acumulados en el FSU. De acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), una parte importante de los fondos fue destinada históricamente a inversiones financieras, mientras que los recursos efectivamente transferidos para proyectos representaron una proporción menor.
Entre 2018 y 2023, el promedio de las transferencias de capital destinadas a proyectos alcanzó aproximadamente el 39% de los ingresos totales del fondo.
Además de pedir una reducción de la alícuota, Telecom, Telefónica, DirecTV, Fecosur, Cabase y Cacpy, junto con otros integrantes de la Mesa TIC Argentina, propusieron implementar un mecanismo denominado “pay or play”. El sistema permitiría a los operadores descontar de su obligación de aporte determinadas inversiones o prestaciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Servicio Universal, como la conectividad de escuelas y centros de salud.
Durante el encuentro realizado en Córdoba, el interventor del Enacom, Martín Ozores, anunció un nuevo programa que incorpora parcialmente este criterio. La iniciativa permitirá a los licenciatarios imputar contra su aporte al FSU hasta el 50% de los montos destinados a la adquisición de equipamiento para tareas de modernización o despliegue.
El mecanismo tendrá una vigencia de 36 meses o hasta que se agote el presupuesto asignado. Las inversiones deberán realizarse dentro de un plazo máximo de 24 meses.
El FSU acumulaba más de $301.000 millones a fines de 2025, según los informes financieros del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). A ese monto se suman los aportes realizados durante el primer trimestre de 2026 por los principales operadores y el régimen de pagos vigente, con lo que el fondo superaría actualmente los $370.000 millones.
En cuanto a los programas en curso, los recursos destinados ascienden a $157.500 millones. De ese total, fueron adjudicados $66.500 millones, mientras que no se encuentra disponible información sobre el monto que efectivamente fue ejecutado.
Del total adjudicado, el 90% corresponde a proyectos de operadores privados y el 10% fue asignado a Arsat.
El Fondo de Servicio Universal funciona mediante distintos programas, convocatorias, líneas específicas de financiamiento, subsidios y créditos. Actualmente se encuentran en funcionamiento 10 programas orientados a diferentes sectores y objetivos vinculados con la inclusión digital.
