Reforma electoral: el Gobierno busca suspender las PASO y habilitar colectoras para las elecciones de 2027
La discusión incluye dos borradores que circulan en la Cámara alta y que forman parte de las conversaciones del Ejecutivo con los gobernadores. Uno retoma aspectos centrales de la reforma política impulsada por el Gobierno, mientras que el otro incorpora específicamente la habilitación de las denominadas colectoras.
Este último mecanismo concentra buena parte de las diferencias entre los espacios políticos. Mientras algunos gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) reclaman su incorporación como condición para acompañar el proyecto, dentro del PRO existen objeciones. Ante la falta de acuerdos, el oficialismo evalúa postergar la firma del dictamen y retomar las conversaciones durante las próximas jornadas.
En medio de las negociaciones, el PRO expresó su respaldo a la suspensión de las primarias y a la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, quienes pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados. También planteó la necesidad de avanzar con la aprobación de Ficha Limpia y manifestó su disposición a discutir otros aspectos de la reforma para alcanzar consensos, aunque no definió una posición sobre las colectoras.
El proyecto introduce una modificación específica en el sistema de Boleta Única de Papel para permitir una candidatura presidencial común. La disposición tendría vigencia exclusivamente para las elecciones de 2027 y habilitaría que una fórmula de presidente y vicepresidente de un partido nacional aparezca vinculada con dos columnas diferentes de candidaturas legislativas en un mismo distrito.
Una de esas columnas correspondería al partido distrital que tenga la misma denominación que la agrupación nacional. La segunda podría pertenecer a otra fuerza política del distrito, siempre que no respalde a una candidatura presidencial diferente.
De esta manera, una misma fórmula presidencial podría recibir el acompañamiento de dos agrupaciones con listas legislativas propias, sin que eso implique una fusión de sus candidaturas al Congreso. En la Boleta Única, la fórmula presidencial aparecería una sola vez, ocupando el espacio correspondiente al ancho de ambas columnas, mientras que cada partido conservaría sus postulantes a diputados y senadores.
Los votos obtenidos por cada lista legislativa se contabilizarían de manera independiente. Por lo tanto, compartir una candidatura presidencial no significaría sumar automáticamente los sufragios legislativos de las distintas agrupaciones.
Para implementar el mecanismo, el partido nacional deberá definir si utilizará esa posibilidad en cada distrito y presentar un acuerdo ante el juez federal con competencia electoral. El documento tendrá que identificar a las fuerzas participantes y contar con la aprobación expresa de sus respectivos apoderados. También deberá establecer si la agrupación distrital podrá utilizar los símbolos, logotipos y colores del partido nacional.
La propuesta establece límites para evitar la duplicación de candidaturas: ninguna lista podrá aparecer en más de una columna y, cuando participen partidos con denominaciones diferentes, será obligatorio presentar un acuerdo específico con la conformidad de sus representantes.
El otro componente central de la reforma es la suspensión de las PASO para 2027. El artículo 60 del borrador establece que no se realizarán las primarias previstas en la Ley 26.571 y que también quedarán interrumpidas las obligaciones vinculadas con su organización.
En caso de aprobarse, las candidaturas nacionales se definirían de acuerdo con las cartas orgánicas de cada partido. Para las alianzas electorales, se aplicarían los respectivos reglamentos internos.
El texto también modifica los plazos del calendario electoral. Las solicitudes para reconocer alianzas y confederaciones deberán presentarse hasta 70 días antes de los comicios generales, mientras que el pedido de asignación de colores tendrá como fecha límite los 65 días previos.
Además, establece nuevas condiciones para oficializar las listas. Durante 2027, cada agrupación podrá presentar una sola nómina por categoría y no podrán coexistir listas idénticas de una alianza y de los partidos que la integran. Los candidatos tampoco podrán participar en más de una agrupación ni postularse simultáneamente para distintas categorías.
Otro de los cambios está relacionado con los avales necesarios para presentar candidaturas. Para competir por bancas de diputados y senadores nacionales, cada partido deberá reunir una cantidad de adhesiones equivalente al número de afiliados exigido para obtener la personería definitiva en el distrito correspondiente.
En el caso de las fórmulas presidenciales, los avales deberán alcanzar el equivalente a los afiliados necesarios para conseguir la personería de distrito en al menos diez distritos electorales. Si se trata de una alianza, cada uno de los partidos que la integran deberá cumplir individualmente con esa exigencia.
La reforma también modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y eleva de cinco a diez la cantidad de distritos en los que una agrupación debe contar con personería para obtener reconocimiento como partido de orden nacional. Para conservar esa condición, deberá mantener de manera permanente la personería en esas diez jurisdicciones y cumplir con el mínimo de afiliados establecido.
En cuanto a la continuidad de las fuerzas políticas, el proyecto incorpora nuevas causales de caducidad. Los partidos perderán su personalidad política si no alcanzan, en al menos una de dos elecciones nacionales consecutivas, el 3% del padrón electoral del distrito en el que compitan.
El financiamiento de las agrupaciones también aparece entre los puntos alcanzados por los cambios. El borrador propone distribuir el 20% del Fondo Partidario Permanente en partes iguales entre los partidos reconocidos y asignar el 80% restante según los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales. Para acceder a esta segunda distribución, las fuerzas deberán haber conseguido al menos el 1% del padrón electoral.
A su vez, se incorporan mayores controles sobre los aportes privados, con la obligación de informar semanalmente las contribuciones recibidas durante el año electoral.
En materia de campañas, la iniciativa establece una duración de 60 días antes de las elecciones generales y mantiene la veda electoral de las 48 horas previas a la votación. También amplía las restricciones y sanciones vinculadas con el financiamiento y la publicidad política.
Entre las disposiciones previstas figura la prohibición de publicar encuestas, sondeos de opinión y pronósticos electorales desde las 48 horas anteriores a cada elección hasta dos horas después del cierre de los comicios.
Por el momento, el documento continúa siendo un borrador de trabajo y no constituye la versión definitiva de la reforma. Su contenido podría sufrir modificaciones antes de llegar formalmente al Congreso, en función de los acuerdos que consiga el oficialismo con los distintos sectores políticos.
La discusión sobre las colectoras adquiere especial relevancia ante la eventual suspensión de las PASO, ya que el mecanismo permitiría que diferentes fuerzas políticas compartan una candidatura presidencial sin necesidad de unificar sus listas para competir por cargos legislativos.


