18 noviembre, 2026

Caso LIBRA: recusaron a otro juez de Casación y se demora la decisión sobre la reapertura de la causa

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La causa por el derrumbe del activo digital LIBRA sumó un nuevo planteo de recusación en la Cámara de Casación, donde deberá resolverse si los presuntos damnificados pueden volver a intervenir como querellantes. El pedido apunta al juez Guillermo Yacobucci y está relacionado con la designación de su hijo en un cargo jerárquico del Ministerio de Justicia, una circunstancia que, según los denunciantes, podría afectar la imparcialidad del magistrado.

La resolución sobre la participación de los damnificados es relevante para el futuro del expediente, ya que podría habilitar una nueva instancia de investigación sobre el presidente Javier Milei, uno de los imputados en la causa.

El planteo fue presentado por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois. En el escrito solicitaron que Yacobucci se aparte del expediente porque su hijo, Ignacio Yacobucci, fue incorporado a fines de septiembre al Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques.

Los representantes de los damnificados sostuvieron que el nombramiento constituye un beneficio otorgado por el Presidente, quien tiene intereses directos en el proceso judicial. También señalaron que la designación se produjo mientras el expediente seguía en trámite, aproximadamente un mes antes del sobreseimiento de los imputados y cuando todavía estaba pendiente la discusión sobre la continuidad de las querellas.

La recusación se presentó después de que Yacobucci votara en disidencia sobre la posibilidad de analizar el pedido de los damnificados para recuperar su condición de querellantes. En aquella oportunidad, el magistrado consideró que la Sala no debía tratar el planteo, una postura que hubiera conducido al cierre definitivo de esa instancia.

Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, en cambio, entendieron que correspondía examinar el reclamo. Debido a esa diferencia de criterios, la cuestión quedó pendiente de una resolución.

Desde el entorno judicial del magistrado recusado cuestionaron los argumentos presentados y consideraron que no existirían fundamentos suficientes para justificar su apartamiento. También minimizaron la relación entre la designación de su hijo y la intervención del juez en el expediente.

El nombramiento de Ignacio Yacobucci no es el primer caso de un familiar de un funcionario judicial vinculado con la investigación que obtiene una designación durante el desarrollo de la causa. Anteriormente, Ana Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo el expediente, fue designada jueza federal en el juzgado de Hurlingham, antes de los sobreseimientos que dejaron el proceso cerca de su cierre.

La situación también involucra a otra integrante de la Cámara. Previamente, Mauricio Novelli, señalado como intermediario entre el creador del activo digital, Hayden Davis, y el presidente Milei, presentó una recusación contra la jueza Ángela Ledesma.

En ese caso, el planteo estuvo relacionado con la participación de la magistrada en un comité del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), una organización que había intentado incorporarse como querellante en la investigación, aunque su solicitud no prosperó.

Ahora, la Sala deberá resolver ambos pedidos de apartamiento. El procedimiento establece que cada magistrado cuestionado debe pronunciarse primero sobre la recusación presentada en su contra. Si considera que no existen motivos para apartarse, la decisión pasará a sus otros dos colegas.

En el caso de Yacobucci, deberán resolver Slokar y Ledesma. Para la recusación contra Ledesma, la definición quedará en manos de Yacobucci y Slokar. Si no logran alcanzar un acuerdo, será necesario convocar a un tercer juez para desempatar.

La situación de Ledesma tiene, además, una particularidad vinculada con su continuidad en el cargo. En diciembre cumplirá 74 años y quedará a un año de alcanzar la edad límite prevista para ejercer como magistrada sin una nueva designación. Para permanecer en funciones deberá solicitar una renovación, que requerirá la intervención del presidente Javier Milei y el posterior acuerdo del Senado.

La resolución de las recusaciones será determinante para definir la integración de la Sala que deberá pronunciarse sobre el regreso de los damnificados como querellantes y, en consecuencia, sobre la continuidad de las actuaciones judiciales vinculadas con el caso LIBRA.

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