Denuncian a una distribuidora eléctrica de Jujuy por una presunta evasión fiscal superior a los $6.600 millones
Ambas empresas quedaron bajo el control del holding desde 2025, en un contexto de expansión del grupo dentro del sector energético nacional. Los cuestionamientos también alcanzan a Mendoza y Neuquén, donde se registraron otros planteos vinculados con sus actividades.
En Jujuy, la presentación judicial fue realizada por un ingeniero que previamente había denunciado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un supuesto mecanismo de irregularidades tributarias. El planteo comprende el período iniciado el 1 de mayo de 2024 y señala tres modalidades mediante las cuales, según la acusación, se habrían recaudado fondos sin declararlos correctamente ante los organismos fiscales.
Después de esperar 120 días sin obtener una respuesta que considerara satisfactoria, el denunciante recurrió a la Justicia Federal de Jujuy. La investigación apunta principalmente a una presunta evasión agravada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el Sistema Aislado Provincial (SAP). Además, reclama un resarcimiento para aproximadamente 120.000 usuarios de la provincia.
El expediente también se desarrolla en un escenario de sanciones acumuladas por distintos incumplimientos de la distribuidora, aplicadas por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu).
Uno de los argumentos presentados ante la Justicia es que distintas dependencias de ARCA habrían elaborado dictámenes contradictorios sobre la denuncia original. Esa situación, sumada a la falta de avances administrativos, fue señalada como uno de los motivos para llevar el caso al ámbito judicial.
El cálculo inicial del presunto perjuicio fiscal supera los $6.600 millones para el período comprendido entre mayo de 2024 y mayo de 2026. Sin embargo, el denunciante considera que la cifra podría aumentar considerablemente si se incorporan los meses posteriores.
La presentación describe un supuesto esquema de facturación dividido en tres etapas. La primera estaría relacionada con los usuarios residenciales y la presunta omisión del IVA sobre los cargos vinculados con el Sistema Aislado Provincial.
Según la denuncia, la distribuidora habría cobrado esos importes bajo el concepto de Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), sin declarar adecuadamente la actividad de generación aislada. De esa manera, el cargo habría sido registrado como exento o no alcanzado por el impuesto, pese a que correspondía aplicar una alícuota del 21%, según sostiene el planteo.
El perjuicio estimado para este segmento superaría los $3.500 millones durante los dos años analizados. La acusación también sostiene que el tratamiento contable de esos conceptos habría permitido reducir las obligaciones tributarias de la compañía.
La segunda modalidad señalada corresponde a los usuarios comerciales e industriales. En estos casos, el mecanismo habría consistido en incorporar el IVA, con alícuotas del 21% o del 27%, dentro del valor unitario de la tarifa, sin identificarlo de manera explícita en la facturación ni ingresarlo posteriormente al Estado nacional.
Para este segmento, el monto de la presunta evasión superaría los $2.800 millones.
El tercer punto de la denuncia está relacionado con los impuestos a los combustibles. El planteo sostiene que los cargos adicionales aplicados a los usuarios habrían incluido importes correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), calculados sobre volúmenes de gasoil que no habrían sido adquiridos ni utilizados para la generación eléctrica.
El monto estimado para este concepto supera los $220 millones. La presentación cuestiona, además, que la distribuidora facture bajo conceptos vinculados con la generación de energía pese a que no figura formalmente como generadora.
A los reclamos judiciales se sumaron planteos de organizaciones de defensa de usuarios y consumidores. Una entidad provincial solicitó incorporarse como querellante en la causa y promovió una medida cautelar para impedir los cortes de electricidad a usuarios en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la Cámara en lo Civil y Comercial rechazó esa solicitud.
También se presentó ante la Legislatura jujeña un petitorio respaldado por más de 11.000 firmas. El reclamo solicita medidas urgentes frente al impacto de las tarifas eléctricas en los presupuestos familiares y plantea que se analice la posible revocación del contrato de concesión de la distribuidora.
Los cuestionamientos no se limitan a la empresa. Desde las organizaciones reclamantes advirtieron que la investigación podría extenderse a funcionarios y organismos provinciales de control si se comprobara que existieron omisiones deliberadas en las tareas de fiscalización.
En paralelo, la situación de la distribuidora tucumana EDET volvió a quedar bajo discusión. La compañía debía convocar durante este año a una licitación por la mayoría de su paquete accionario, pero el proceso se postergaría hasta 2027. La demora se produce en medio de críticas por las condiciones del vínculo entre la empresa, el grupo empresario y el gobierno provincial encabezado por Osvaldo Jaldo.
Otro expediente en Jujuy involucra el costo de generación eléctrica después de un corte generalizado del servicio. Una organización de defensa de consumidores presentó una denuncia ante la Justicia provincial para cuestionar una presunta triangulación contractual que habría impactado en las facturas de los usuarios.
El planteo apunta a un costo de 79 dólares por megavatio y menciona a EJESA, la empresa provincial JENSE y una compañía proveedora de servicios de generación eléctrica con sede en Santa Fe.
La controversia también llegó a la Legislatura, donde el bloque del PTS-Frente de Izquierda presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle el estado de los contratos celebrados con esa firma proveedora. Según los cuestionamientos incluidos en la presentación, se habrían instalado paneles que no llegaron a conectarse a la red eléctrica, pese a que la provincia afrontaría pagos mensuales de 106.000 dólares.
Hasta el momento, EJESA no había difundido una respuesta pública sobre las acusaciones ni sobre los reclamos vinculados con su sistema de facturación. Los planteos continúan bajo discusión en los ámbitos judiciales y legislativos de la provincia.
