El Gobierno modifica la Ley Malvinas tras las presiones de Estados Unidos y busca avanzar con el dictamen
El debate continuará este martes en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. El oficialismo pretende acordar una nueva redacción, conseguir dictamen y llevar el proyecto al recinto en la próxima sesión.
Uno de los principales cambios estará en el artículo referido a las sanciones. La propuesta establecerá que las penalidades alcancen a las empresas que operen ilegalmente en el país, ya sea de manera directa o como proveedoras o accionistas principales de las actividades cuestionadas. En cambio, quedarían excluidas las filiales y subsidiarias que no tengan una participación relevante en las exploraciones.
También se revisará el esquema de multas. La nueva versión contempla sanciones equivalentes a entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido. Cuando no sea posible establecer ese monto, se aplicaría una penalidad calculada sobre un rango de entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, el doble de lo previsto inicialmente.
Las modificaciones apuntan a responder a la preocupación de la Casa Blanca por la posibilidad de que las sanciones se extendieran más allá de las compañías que operan en Malvinas e incluyeran a sus subsidiarias, accionistas, proveedores e intermediarios financieros. Entre las actividades bajo análisis se encuentran las vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por Rockhopper y Navitas, además de otras empresas relacionadas con ambas firmas.
La presión estadounidense se hizo evidente durante la reciente visita del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau. Frente a las objeciones, el Gobierno llegó a evaluar la posibilidad de congelar la iniciativa, pero finalmente optó por introducir cambios tanto en el capítulo referido a Malvinas como en el nuevo esquema de defensa y seguridad.
Las enmiendas comenzaron a discutirse en una reunión del asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario Adrián Pagán. En el proceso también se incorporaron propuestas de legisladores del PRO, el MID, la UCR y sectores del peronismo.
Uno de los puntos acordados es la incorporación del Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo de Seguridad. El objetivo es precisar las competencias de cada organismo y evitar superposiciones entre las funciones de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad interior y el propio Consejo. La versión original contemplaba la participación del Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico, pero dejaba afuera a la cartera de Seguridad.
En el Congreso, esa exclusión había sido vinculada con las diferencias internas entre sectores del oficialismo y Patricia Bullrich, exministra del área. Además, se propuso crear una comisión bicameral para supervisar el funcionamiento del Consejo y garantizar la participación parlamentaria en el seguimiento de sus decisiones.
Otra modificación en evaluación apunta a establecer límites para las decisiones militares de mayor gravedad. El Gobierno analiza incorporar una propuesta del diputado Eduardo Falcone, del MID, para que acciones como el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques considerados hostiles requieran autorización del Congreso y no queden únicamente bajo la decisión del Presidente o del ministro de Defensa.
También continúa en revisión la definición de infraestructura crítica. El proyecto original incluía instalaciones, redes, sistemas y servicios cuya interrupción pudiera afectar de manera significativa la seguridad, la defensa, la economía o el funcionamiento del Estado. La discusión se concentra en las obligaciones de protección que tendrían los propietarios y operadores de esas infraestructuras, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad, así como en las competencias de las provincias.
Por último, el oficialismo prevé modificar el artículo 111, que establece penas de entre cinco y 15 años de prisión para quienes, por cuenta de un Estado extranjero o con su financiamiento, realicen acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
La nueva redacción excluirá expresamente de esa definición a la actividad periodística, la investigación académica y el debate público. La revisión se produjo después de las objeciones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que advirtió sobre la ambigüedad de conceptos como el de desinformación.
Con estos cambios, la Casa Rosada busca acercar posiciones con sus aliados parlamentarios, responder a los cuestionamientos externos y reunir las firmas necesarias para obtener dictamen y avanzar con el tratamiento legislativo del proyecto.
