El Gobierno avanzará con acuerdos para combatir el contrabando y detectar productos ilegales en plataformas digitales
El plan incluye convenios marco con la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades empresariales, además de acuerdos específicos con Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar. Entre las medidas previstas se encuentra la ampliación a Mercado Libre de un mecanismo de identificación y baja de publicaciones de mercadería ilegal que ya se implementaba con Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram.
En una primera etapa, los controles sobre Mercado Libre estarán enfocados en cinco rubros: notebooks, teléfonos celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos. El esquema prevé la elaboración de reportes trimestrales y el cruce de información comercial con registros de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con el objetivo de detectar posibles irregularidades.
Los acuerdos se dividirán en dos modalidades. Por un lado, los convenios marco establecerán instancias generales de cooperación entre el sector público y las entidades y empresas participantes. Por otro, los acuerdos específicos definirán procedimientos concretos para compartir información, fiscalizar productos y actuar ante la detección de operaciones sospechosas.
La firma de los convenios marco alcanzará a la UIA, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Mercado Libre, Frávega, Cetrogar y Meta. El encuentro entre funcionarios de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y representantes de las entidades empresariales estaba previsto para las 11.
En el caso de la UIA, el entendimiento buscará formalizar una agenda de trabajo que la entidad desarrolla desde 2025 para enfrentar el contrabando, el comercio ilegítimo, la falsificación de marcas y otras formas de competencia desleal que afectan a la producción nacional. El alcance previsto comprende tanto las ventas en establecimientos físicos como las operaciones realizadas a través de plataformas digitales.
Sin embargo, el convenio marco no establecerá la obligación de que la UIA o sus empresas asociadas compartan información. La participación en ese intercambio será voluntaria y requerirá la formalización de acuerdos particulares. Desde el sector público, la coordinación estará a cargo de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, mientras que la representación industrial corresponderá al Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la UIA, a través de su mesa de trabajo contra el comercio ilegítimo, el contrabando y la competencia desleal. El funcionamiento incluirá un plan de trabajo semestral y un seguimiento trimestral de las acciones acordadas.
La preocupación de la industria por estas prácticas también se refleja en los datos relevados por la entidad fabril. Según estimaciones de la UIA, el comercio ilícito equivale a cerca del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y ocasiona pérdidas fiscales de aproximadamente USD 2.300 millones anuales. Además, una encuesta de la organización indicó que el 60% de las empresas industriales se ve afectado por el comercio desleal, mientras que el 40% enfrenta competencia ilegal en plataformas de comercio electrónico, marketplaces y redes sociales.
La iniciativa oficial se produce después de distintas gestiones de representantes industriales ante las autoridades para reclamar medidas contra el ingreso irregular de mercadería y la subfacturación de importaciones. Entre los sectores que manifestaron preocupación por la competencia en condiciones desiguales se encuentran el textil, la indumentaria, el cuero, el calzado, los celulares, la cerveza y el tabaco.
Uno de los puntos abordados en reuniones con funcionarios de Aduana fue la subfacturación de importaciones, una práctica que genera inquietud en distintos rubros manufactureros, especialmente tras la eliminación de los precios de referencia utilizados como herramientas de control. Ante esta situación, las autoridades señalaron que trabajan en un nuevo sistema tecnológico destinado a cruzar datos sobre las cantidades y los precios declarados en las operaciones de importación para detectar posibles inconsistencias.
El desarrollo contempla herramientas de análisis de datos y tecnología vinculada con Microsoft, junto con mecanismos para mejorar la identificación de operaciones sospechosas mediante el procesamiento de información comercial. El proyecto se incorpora a las iniciativas de control aduanero impulsadas por el Gobierno en respuesta a los reclamos del sector industrial.
La agenda de trabajo contra el comercio ilegal comenzó a tomar forma en 2025 e incluyó distintas acciones coordinadas con cámaras empresariales y organismos públicos. Entre ellas se encuentra la implementación de un formulario único de denuncias junto con Defensa del Consumidor, diseñado para facilitar la presentación de información sobre posibles irregularidades en la comercialización de productos.
También se desarrollaron capacitaciones para integrantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal en distintas provincias, con el propósito de mejorar la identificación de modalidades de comercio ilegal. A su vez, se trabajó con el Ministerio de Seguridad en la canalización de denuncias y el fortalecimiento de los operativos de control en las zonas fronterizas.
Con los nuevos convenios, el Gobierno busca establecer mecanismos de cooperación con empresas y entidades de distintos sectores para mejorar la detección de mercadería irregular y coordinar acciones frente al contrabando y la competencia desleal. Los compromisos específicos determinarán cómo se instrumentará el intercambio de información y qué medidas podrán aplicarse en cada ámbito.
