Crisis en un histórico laboratorio: frenó la producción, desvinculó a 30 empleados y acumula cheques rechazados por $156 millones
La crisis financiera de un laboratorio farmacéutico con más de cuatro décadas de trayectoria derivó en la paralización total de su producción, la desvinculación de 30 trabajadores y un conflicto salarial que ya motivó la intervención del Gobierno bonaerense. La empresa Valmax, ubicada en Ituzaingó, atraviesa una situación económica crítica, con 196 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $156.526.850.
El establecimiento dejó de producir y bloqueó el acceso a su planta, mientras que la mitad de su personal quedó desvinculada. De los 60 empleados que integraban la dotación, 30 fueron afectados por la medida. En paralelo, la compañía adeuda el 50% de los salarios correspondientes al mes pasado y, desde abril, viene abonando los haberes de manera fraccionada.
Ante el agravamiento del conflicto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a la empresa a una audiencia prevista para este lunes, con el objetivo de que presente una propuesta concreta para resolver la situación laboral y salarial.
Fundado en 1980, Valmax fue pionero en la producción nacional de solución fisiológica en formato monodosis, un producto que hasta entonces no contaba con fabricación local. Su fundador, un farmacéutico de origen austríaco formado en la Universidad de Buenos Aires, desarrolló la marca y abrió un segmento dentro del mercado farmacéutico argentino. Además de comercializar sus propias ampollas de solución fisiológica, el laboratorio fabricó estos productos para terceros.
Con el paso de los años, la compañía amplió su presencia en el mercado con Valmafilo, una línea de lágrimas artificiales en gotas oftalmológicas que se convirtió en otro de sus productos centrales.
En febrero de 2014, el fundador vendió el 66,6% de su participación al socio que poseía el porcentaje restante. Con el cambio de conducción, se incorporaron al directorio los hijos del nuevo titular y la empresa reorientó parte de su actividad hacia la elaboración para terceros de productos líquidos y semisólidos, tanto estériles como no estériles.
La nueva estrategia incluyó un incremento de la producción, el desarrollo de distintas líneas comerciales y la participación en licitaciones públicas para convertirse en proveedora del Estado. Según información vinculada con la compañía y sus trabajadores, el objetivo era ampliar la presencia en el mercado mediante productos propios y fabricaciones para otras empresas, con una plantilla que se mantuvo históricamente entre 60 y 70 personas.
Sin embargo, el crecimiento de la producción habría generado una acumulación de mercadería en un contexto de caída de la demanda. Farmacias, hospitales y droguerías redujeron sus compras, mientras que la dependencia de las contrataciones estatales sumó dificultades por las demoras en los pagos. De acuerdo con las mismas fuentes, la empresa cuenta actualmente con existencias suficientes para abastecer el mercado hasta fin de año, una situación que habría contribuido a la decisión de detener la actividad.
Los problemas salariales comenzaron a hacerse evidentes el 30 de abril, cuando la compañía comunicó internamente que el contexto económico y su situación financiera la obligaban a dividir los pagos. El cronograma inicial contemplaba el abono del 50% de los haberes el 7 de mayo y la cancelación del saldo restante el día 20.
La modalidad, que había sido presentada como excepcional, se extendió en el tiempo. Los trabajadores sostienen que desde entonces no volvieron a cobrar el salario completo en un solo pago y que los plazos acordados dejaron de cumplirse. Actualmente, la firma mantiene pendiente la mitad de los haberes del último mes y no informó cuándo regularizará la deuda.
La dimensión del deterioro también queda reflejada en los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí figuran 196 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto acumulado de $156.526.850. Según los datos consignados, los rechazos corresponden a insuficiencia de fondos y no a defectos formales o problemas de registración.
Con la producción paralizada, la mitad de la plantilla desvinculada y los salarios pendientes, el futuro de la planta de Ituzaingó queda condicionado por la evolución de las negociaciones y la respuesta que la empresa presente ante las autoridades laborales bonaerenses.
