El FMI cuestionó los subsidios a las tarifas y pidió priorizar ayudas directas a los hogares vulnerables
La posición surge de un informe del organismo basado en el análisis de medidas aplicadas en 76 países durante las últimas tres décadas. El estudio sostiene que las economías emergentes recurrieron con frecuencia a distintos mecanismos para moderar el impacto de los aumentos de precios, entre ellos los subsidios a los productores de energía, la reducción de aranceles y los controles directos sobre las tarifas que pagan los consumidores.
Según el análisis, estas herramientas pueden generar un alivio inmediato para las familias, pero implican un esfuerzo fiscal elevado en relación con el beneficio que finalmente reciben los sectores de menores ingresos.
El FMI señala que otorgar a las familias de bajos ingresos el mismo nivel de protección mediante subsidios al consumo puede demandar entre tres y seis veces más recursos fiscales que un esquema basado en transferencias focalizadas.
La diferencia es todavía mayor cuando el Estado subsidia directamente la producción con el objetivo de mantener las tarifas artificialmente bajas. De acuerdo con el informe, este mecanismo puede resultar entre 14 y 22 veces más costoso para las cuentas públicas que transferir recursos directamente a los sectores más vulnerables.
El organismo también advierte que el impacto de las crisis de precios no es uniforme entre los hogares. Debido a que los alimentos y la energía representan una proporción mayor del presupuesto de las familias de menores ingresos, esos grupos enfrentan un aumento del costo de vida más significativo cuando se producen fuertes incrementos en los precios de los bienes y servicios básicos.
El informe utiliza como ejemplo la crisis energética que atravesó Europa entre 2022 y 2023. Según el relevamiento, de cada euro destinado a contener los precios de la electricidad, el gas natural y los combustibles, menos de 20 centavos terminaron beneficiando al 20% más pobre de los hogares.
Para el organismo, mantener las tarifas congeladas o postergar sus actualizaciones también genera efectos sobre el funcionamiento de la economía. Entre las consecuencias señaladas aparecen las distorsiones en los incentivos al consumo, un menor estímulo al ahorro energético y un incremento del endeudamiento público.
Frente a ese esquema, el FMI plantea que una alternativa consiste en permitir que las tarifas reflejen los costos reales del mercado y, al mismo tiempo, establecer mecanismos de compensación destinados de manera directa a las personas que realmente necesitan asistencia.
De acuerdo con el informe, esta modalidad permite preservar el espacio fiscal del Estado y, a la vez, generar incentivos para un uso más eficiente de los recursos energéticos.
El organismo considera que las transferencias focalizadas y de duración limitada constituyen el mecanismo más eficiente y de menor costo para proteger a los hogares de menores ingresos cuando se produce un fuerte aumento de los precios básicos.
En esa línea, el FMI plantea que las ayudas deberían concentrarse principalmente en las familias de bajos ingresos, debido a que destinan una proporción mayor de sus recursos a cubrir necesidades esenciales y, por lo tanto, enfrentan una mayor pérdida de poder adquisitivo durante los períodos de inflación elevada.
El informe contempla, de todos modos, situaciones excepcionales en las que puedan existir riesgos de tensión social. En esos casos, la asistencia podría extenderse temporalmente a sectores de ingresos medios, aunque bajo mecanismos con una fecha de finalización definida y ajustados a la magnitud del incremento tarifario.
El planteo central del organismo apunta así a reemplazar los mecanismos generales de contención de precios por esquemas de asistencia directa y focalizada, con una duración limitada y destinados prioritariamente a los hogares que enfrentan mayores dificultades para absorber el aumento de los costos básicos.
