El Gobierno prepara un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados públicos
La medida forma parte de la política oficial de reducción de la dotación del Estado. De acuerdo con las cifras del Gobierno, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la cantidad de empleados públicos y trabajadores de empresas estatales se redujo en 74.332 personas, una baja del 21,6%. Según la estimación oficial, el recorte permitió un ahorro superior a los USD 2.500 millones desde el comienzo de la gestión.
El nuevo programa fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y contempla diferentes alternativas de acuerdo con la situación de los trabajadores que decidan adherir. El objetivo oficial es alcanzar una participación de al menos 1.000 empleados.
El esquema estaría orientado principalmente a tres grupos. Por un lado, quienes se encuentren en condiciones de iniciar los trámites para jubilarse. Por otro, aquellos que podrían utilizar el dinero del retiro para afrontar una moratoria previsional y luego acceder a la jubilación. El tercer grupo estaría integrado por trabajadores que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria pero prefieren desvincularse del Estado. El monto ofrecido variaría según cada situación.
La implementación estará bajo la órbita de las áreas encargadas de la transformación del Estado y de la función pública. De acuerdo con la información oficial, el régimen alcanzará a la administración centralizada y a los organismos desconcentrados, mientras que no incluirá a los organismos descentralizados.
La diferencia entre ambos tipos de organismos radica en su estructura administrativa: los desconcentrados forman parte de la administración central y no cuentan con personalidad jurídica propia, mientras que los descentralizados poseen una estructura jurídica diferenciada.
El anuncio se produce luego de que el Gobierno avanzara con distintos programas de reducción de personal en organismos estatales. Uno de los antecedentes fue el régimen implementado en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que contempló un pago equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con límites determinados por la edad.
En ese organismo, la meta inicial era reducir la plantilla desde unos 5.750 empleados hasta alrededor de 4.500, lo que suponía unas 1.200 desvinculaciones. Sin embargo, la adhesión fue inferior a la esperada y el plazo de inscripción tuvo que extenderse. Finalmente, se registraron 905 adhesiones, equivalentes al 75,4% del objetivo y al 15,7% de la dotación. De ese total, 377 retiros ya habían sido aprobados, mientras que otros permanecían en evaluación.
La reducción de personal también continuó durante los últimos meses. Entre julio y agosto de 2026, la dotación del Gobierno nacional cayó en 1.446 trabajadores, una disminución mensual del 0,5%.
En términos generales, el Estado pasó de contar con 343.357 empleados en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. Dentro de la administración pública nacional, la reducción alcanzó a 51.218 puestos: la dotación pasó de 233.098 a 181.880 trabajadores, una caída del 22%.
Las empresas y sociedades estatales también redujeron su personal. En ese segmento, la cantidad de trabajadores bajó de 110.259 a 87.145, lo que representa una pérdida de 23.114 puestos, equivalente al 21% de la plantilla inicial.
La administración centralizada, que comprende a los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, registró la mayor reducción proporcional. Su dotación pasó de 55.858 a 37.543 empleados, con 18.315 puestos menos y una caída del 32,8%.
En tanto, la administración descentralizada redujo su personal en 26.775 trabajadores, al pasar de 136.763 a 109.988. La administración desconcentrada pasó de 24.932 a 21.123 empleados, mientras que otros entes redujeron su dotación de 15.545 a 13.226.
Entre los organismos con mayores bajas porcentuales aparece Télam, cuya estructura pasó de 810 a 167 trabajadores luego de su transformación en Agencia de Publicidad del Estado, una reducción del 79,4%. También se registraron fuertes disminuciones en Educar, que pasó de 446 a 167 empleados; Contenidos Públicos, que bajó de 234 a 103; y Casa de Moneda, cuya dotación cayó de 1.411 a 694 trabajadores.
El nuevo régimen se implementará en este contexto de reducción sostenida de la planta estatal. Mientras el Gobierno sostiene que la disminución del personal forma parte de su política de reorganización y reducción del gasto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó la iniciativa y anticipó que podría rechazarla y promover medidas de fuerza si su aplicación es generalizada.
