Prestadores de salud privados reclaman un ajuste de tarifas y advierten sobre el deterioro financiero del sector
De acuerdo con un análisis del sector, los aranceles que reciben los prestadores deberían aumentar un 26% para equiparar el incremento promedio que tuvieron los costos de los servicios desde diciembre de 2020, cuando todavía transcurría la pandemia.
Ante este escenario, cinco entidades nacionales junto con más de 30 instituciones locales que representan a clínicas y hospitales privados solicitaron una reunión urgente con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El objetivo es plantear la situación del sector y presentar propuestas fiscales y de política sanitaria. En el pedido señalaron que los prestadores privados concentran más de la mitad de las instituciones y de las camas de internación del país y advirtieron que el cierre de clínicas tendría impacto sobre los trabajadores, el sistema sanitario y las comunidades en las que funcionan.
A esa situación se suma un problema fiscal que lleva años. En julio, el Gobierno volvió a prorrogar hasta el 31 de diciembre la suspensión de los juicios ejecutorios por deudas fiscales de los centros de salud. La medida, dispuesta por el Ministerio de Economía, permitió que algunas instituciones acumularan obligaciones con el Estado durante períodos prolongados y funciona como una respuesta temporal frente a una problemática que el sector ubica en las últimas dos décadas.
En un encuentro especializado sobre salud, representantes del sector estimaron que existen alrededor de 5.000 instituciones de salud en una situación financiera crítica y señalaron que parte de ellas se beneficia de mecanismos que dificultan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Los datos sobre ingresos y costos muestran, de todos modos, una mejora parcial en la relación entre ambas variables. Durante el segundo trimestre del año, los ingresos del sector aumentaron 6,8% y registraron una suba interanual del 30,5%. Sin embargo, la evolución fue diferente según el financiador de cada prestador.
En el caso de las empresas de medicina prepaga, el incremento trimestral llegó, en el escenario más favorable, al 8,3%. El PAMI, en tanto, registró una suba del 1,9% respecto de diciembre de 2025, mientras que el IOMA de la provincia de Buenos Aires aumentó sus valores un 6,1%.
La situación de los prestadores que trabajan con el PAMI fue señalada especialmente en el pedido dirigido a Santilli. Allí se planteó que esas instituciones enfrentan un retraso significativo en los valores que reciben y dificultades tanto financieras como operativas.
Del lado de los costos, los insumos esenciales para brindar las prestaciones aumentaron un 6% entre abril y junio y acumularon una suba del 13,4% durante el primer semestre. Los costos de las prestaciones, por su parte, crecieron 6,8% en el trimestre y 14% en los primeros seis meses del año.
Estos movimientos permitieron reducir parcialmente una brecha que había llegado al 57% en diciembre pasado, en un contexto en el que los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga habían estado sujetos a controles.
El financiamiento del sector acumula además dificultades de larga data. Desde 2012 se sucedieron distintos períodos críticos, entre ellos la crisis cambiaria de 2018 y el congelamiento de las cuotas de los planes de salud durante la gestión de Alberto Fernández. Durante la pandemia, parte de los costos salariales fue cubierta mediante subsidios estatales.
Con la administración de Javier Milei se liberaron los precios de los planes de salud, lo que derivó en aumentos significativos destinados, entre otros factores, a recuperar parte del retraso acumulado. Las subas repercutieron sobre los afiliados, que al mismo tiempo enfrentaron aumentos en otros precios y en sus ingresos. Posteriormente, las denuncias por los incrementos derivaron en una intervención del Gobierno y en un conflicto que terminó con un acuerdo judicial.
Mientras tanto, el sector comenzó a recurrir también a mecanismos alternativos para afrontar los costos de determinadas prestaciones. Entre ellos aparece el pago directo de los pacientes para acceder a tratamientos que incorporan tecnologías nuevas. En el caso de las cirugías robóticas, algunas instituciones implementaron esquemas en los que el financiador cubre el valor de una intervención convencional y el paciente afronta la diferencia correspondiente al uso de la tecnología robótica.
Los prestadores también aseguran haber avanzado en medidas de eficiencia para evitar cierres definitivos y advierten que la incorporación de nuevas coberturas sin una fuente de financiamiento previa profundiza las dificultades.
El sector emplea alrededor de 650.000 personas de manera directa y sostiene que, bajo condiciones adecuadas, podría generar entre 50.000 y 60.000 nuevos puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de avanzar hacia un rediseño del sistema, con marcos regulatorios sostenibles y mecanismos que permitan regularizar las obligaciones fiscales.
Entre las propuestas analizadas aparece también la posibilidad de utilizar saldos técnicos de IVA que las instituciones no pueden descargar. En paralelo, la actividad registra una creciente concentración: mientras algunas instituciones dejaron de funcionar, otras fueron adquiridas por entidades que continuaron operando en el mercado.
El escenario futuro también está condicionado por factores como el envejecimiento de la población y el impacto que puedan tener las nuevas tecnologías sobre recursos sanitarios limitados. Frente a esos desafíos, entre las alternativas planteadas figuran una mayor orientación hacia la medicina preventiva, el uso de la telemedicina, la atención domiciliaria y una participación más activa de los pacientes.
