Discapacidad: el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría y profundizó la disputa con la oposición
La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, Argentina Federal, Producción y Trabajo y La Neuquinidad. De esta manera, dejó en minoría a los sectores opositores, entre ellos Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca, que impulsaban la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad.
El avance del dictamen estuvo precedido por un cambio de postura del oficialismo que generó cuestionamientos de la oposición. Días antes, durante la presentación del Presupuesto 2027, el Gobierno había sostenido una posición diferente respecto del régimen que finalmente quedó plasmado en la iniciativa.
La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, en representación del oficialismo y sus aliados, defendió el proyecto como una “propuesta de una ley superadora” frente a la emergencia vigente. Explicó que el objetivo no es “demonizar” la ley de emergencia, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre, sino establecer qué sucederá después de esa fecha.
El dictamen incorpora buena parte de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, pero propone convertirlos en disposiciones permanentes de alcance nacional. Entre los principales puntos se encuentra la posibilidad de compatibilizar un empleo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos con el cobro de la pensión por discapacidad.
También establece la continuidad de los derechos a recibir compensaciones una vez finalizada la emergencia, que serían abonadas mediante un cronograma de pagos. A esto se suma la búsqueda de establecer criterios universales y homogéneos para los aranceles del nomenclador.
Rodríguez Machado sostuvo además que las prestaciones estarán “debidamente auditadas” y cuestionó el planteo opositor a favor de mantener la emergencia: “A ustedes les encanta la emergencia. ¿Les parece que esa palabra es sanadora?”.
Desde Provincias Unidas, la diputada jujeña María Inés Zigarán cuestionó tanto el cambio de postura como el procedimiento parlamentario utilizado. Consideró “insólito” el giro del oficialismo y señaló que el proyecto no había sido tratado previamente en comisión, a diferencia de otros expedientes incluidos en el emplazamiento aprobado por el recinto. “Si hay un proyecto distinto, debe seguir el curso parlamentario”, sostuvo.
En Unión por la Patria, Eduardo Valdés lamentó que todavía no se hubiera alcanzado una solución para el colectivo de personas con discapacidad y responsabilizó al Gobierno por la situación de emergencia. Para avanzar hacia un dictamen unánime, reclamó que el Ejecutivo retire el Presupuesto del Parlamento y garantice las partidas destinadas a discapacidad mediante la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también cuestionó el cambio de posición y lo calificó como una “vuelta carnero”. Según planteó, el Presupuesto presentado previamente buscaba “destruir la homogeneidad de las prestaciones y recortar derechos”. Además, acusó al oficialismo de haber incumplido durante un año la Ley de Emergencia y de haber “abandonado a terapeutas y prestadores”.
Ferraro también vinculó la discusión con las investigaciones por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al señalar que todavía hay 15 personas procesadas y acusar al Gobierno de intentar “lavarse la cara” mediante el nuevo dictamen.
Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió en que la emergencia debería prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2027. También cuestionó el cambio de posición del oficialismo, al que describió como una sucesión de “saltos ornamentales” y “contorsionismo”.
Con las 42 firmas reunidas, el proyecto quedó habilitado para continuar su recorrido hacia el recinto. Sin embargo, durante el debate parlamentario podría volver a plantearse la discusión sobre el procedimiento utilizado para impulsar la iniciativa, debido a que no había sido tratada previamente en comisión como otros expedientes considerados en el emplazamiento. La disputa entre oficialismo y oposición por la política de discapacidad se suma así a las diferencias que ambos sectores mantienen alrededor del Presupuesto 2027.
