Conflicto en puertos: las pérdidas alcanzan US$4,5 millones diarios para el sector agroindustrial
Según estimaciones del sector agroexportador, el costo económico por la demora de cada embarcación se ubica entre los US$50.000 y US$100.000 diarios. En conjunto, las pérdidas asociadas a los 45 buques alcanzan aproximadamente los US$4,5 millones por día, una cifra que podría duplicarse si la interrupción se mantiene durante dos jornadas adicionales.
Desde el sector exportador advirtieron que el conflicto puede generar consecuencias sobre toda la cadena logística si no se alcanza una solución. Señalaron que la paralización alcanza a la totalidad de las operaciones marítimas del país, incluyendo embarcaciones vinculadas al transporte de productos agroindustriales, vehículos, combustibles y otras cargas internacionales.
También indicaron que un volumen similar de mercadería al que espera ser despachado permanece a la espera de ingresar a la Vía Navegable Troncal o se encuentra en zonas próximas a los puertos de Bahía Blanca y Quequén. En ese contexto, remarcaron que los costos por las demoras se ubican entre los 50.000 y 100.000 dólares diarios por buque.
Además, alertaron que una extensión del conflicto podría afectar a los productores, debido a que la capacidad de almacenamiento en las terminales portuarias se encuentra cercana a sus límites. La continuidad de la interrupción podría generar dificultades para la entrega de mercadería y afectar el funcionamiento de toda la cadena de suministro.
La situación se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional introdujo modificaciones en el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de avanzar en la desregulación de la actividad, promover una mayor competencia y reducir costos vinculados al comercio exterior.
Los profesionales que realizan estas tareas cuestionaron la normativa al considerar que podría afectar aspectos relacionados con la seguridad de la navegación. Si bien no fue definido como una medida de fuerza formal, varios trabajadores comunicaron que no se encontraban en condiciones de prestar servicios mientras analizaban las implicancias del decreto.
Desde el ámbito portuario señalaron que, aunque las plantas vinculadas al movimiento de granos continúan funcionando, la logística se encuentra seriamente afectada debido a la imposibilidad de movilizar los buques. El ingreso de camiones y la asignación de turnos continúan con normalidad mientras exista capacidad de almacenamiento, aunque advirtieron que una prolongación de la situación podría obligar a limitar la recepción de mercadería.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales manifestó preocupación por el impacto de la suspensión y sostuvo que la interrupción de los servicios de practicaje y pilotaje representa un riesgo para el comercio exterior argentino.
La entidad advirtió que la paralización afecta las exportaciones e importaciones, retrasa el ingreso de divisas, altera las cadenas de abastecimiento y puede generar mayores costos logísticos, además de comprometer la previsibilidad de las operaciones comerciales internacionales.
También señaló que la acumulación de buques demorados puede afectar el transporte terrestre, reducir la capacidad de almacenamiento en las terminales y generar penalidades contractuales para los exportadores.
En este contexto, la entidad planteó la necesidad de avanzar en una actualización del sistema de practicaje. Si bien reconoció la importancia de la experiencia técnica de los profesionales del sector, consideró necesario revisar un esquema en el que una interrupción de los servicios pueda afectar el funcionamiento del comercio exterior del país.
Por último, solicitó la apertura de una mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y los sectores involucrados para restablecer la navegación y avanzar en la discusión sobre el nuevo marco regulatorio.
