La Argentina quedó última en un ranking de apoyo al agro: los impuestos redujeron un 15% los ingresos de los productores
El relevamiento señala que la Argentina, India y Vietnam son los únicos países analizados donde las medidas gubernamentales tienen un efecto negativo sobre los ingresos de los productores. En el caso argentino, el indicador alcanzó el -15% durante 2025, prácticamente sin cambios respecto de 2024, cuando había registrado un -15,1%.
El estudio contempla las modificaciones impositivas implementadas durante el año pasado por el gobierno de Javier Milei, aunque todavía no incorpora las nuevas reducciones de retenciones dispuestas en 2026 ni el cronograma de bajas previsto para 2027 y 2028.
Los resultados forman parte del documento Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2026, que utiliza el indicador Estimado de Apoyo al Productor (PSE) para calcular el impacto de los impuestos, subsidios, restricciones comerciales y otras decisiones gubernamentales sobre los ingresos de la actividad agropecuaria.
De acuerdo con el organismo internacional, el apoyo negativo al campo argentino promedió los US$8.600 millones anuales entre 2023 y 2025. Ese monto equivale al 13,5% de los ingresos brutos del sector durante el período analizado.
La evolución histórica también muestra diferencias importantes. Entre 2000 y 2002, el indicador negativo había sido del 8,6%, mientras que en 2014 llegó a un mínimo de -38,6%. La persistencia de los derechos de exportación aparece como el principal factor detrás de este resultado, debido a que reducen los precios internos que reciben los productores en comparación con los valores internacionales.
En la comparación regional, la situación argentina resulta más desfavorable que la de India, cuyo indicador promedió -9,2% entre 2023 y 2025. Brasil, en cambio, registró un resultado positivo del 2,6%.
El informe advierte que los impuestos a las exportaciones reducen los incentivos para invertir, incorporar tecnología y ampliar la producción. También señala que las modificaciones frecuentes en las condiciones comerciales y tributarias generan incertidumbre y pueden desalentar las decisiones de inversión.
Durante 2025, el Gobierno implementó diferentes reducciones impositivas. En septiembre suspendió temporalmente las retenciones para la soja y sus derivados, con un límite de exportaciones de US$7.000 millones. Posteriormente, en diciembre, estableció nuevas bajas permanentes para distintos productos.
En el caso de la soja, la alícuota pasó del 26% al 24%, mientras que para sus derivados descendió del 24,5% al 22,5%. También hubo reducciones para otros cultivos: el trigo y la cebada pasaron del 9,5% al 7,5%; el maíz y el sorgo, del 9,5% al 8,5%; y el girasol, del 5,5% al 4,5%. Para la carne, el impuesto bajó del 6,75% al 5%.
A estas modificaciones se sumó la eliminación de derechos de exportación para distintas economías regionales, entre ellas las actividades azucarera, algodonera, arrocera, tabacalera y forestal.
Sin embargo, como el relevamiento toma datos correspondientes a 2025, las modificaciones posteriores quedaron fuera de la medición. En junio de 2026, el Ejecutivo anunció una nueva reducción de las retenciones al trigo y la cebada, cuyas alícuotas pasaron del 7,5% al 5,5%.
Además, estableció un esquema de disminuciones graduales para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, con vigencia entre enero de 2027 y diciembre de 2028. Según ese cronograma, hacia fines de 2028 los derechos de exportación de la soja deberían ubicarse en el 15%, frente al 24% actual, mientras que los del maíz bajarían del 8,5% al 5,5%.
Más allá de las reducciones implementadas, la presión tributaria continúa siendo uno de los principales puntos de discusión para el sector agropecuario. El informe también calculó que el apoyo total negativo al conjunto de la actividad alcanzó los US$9.200 millones durante 2025, equivalente al 1,36% del Producto Bruto Interno (PBI).
En ese cálculo se incluyeron los recursos destinados a servicios generales para el agro, que representaron apenas US$316 millones de gasto público. Al mismo tiempo, la OCDE estimó que los consumidores obtuvieron un beneficio de US$2.400 millones por los menores precios internos de determinados productos.
Frente a este escenario, el organismo internacional recomendó avanzar con una reducción gradual de los impuestos a las exportaciones y evitar restricciones comerciales excepcionales, dentro de una reforma tributaria más amplia y previsible.
También planteó la necesidad de reorientar una mayor proporción del gasto público hacia servicios que fortalezcan la competitividad del sector, como la investigación, la innovación agropecuaria, la asistencia técnica y la infraestructura. Entre las recomendaciones adicionales incluyó mejorar las herramientas para enfrentar los riesgos climáticos y facilitar el acceso de los pequeños productores a los mercados.
Por otra parte, el análisis puso el foco en los impuestos que se aplican en los distintos niveles del Estado. Entre las cuestiones pendientes aparecen las tasas municipales, los tributos provinciales como Ingresos Brutos y los derechos de exportación nacionales.
También se señaló la necesidad de ampliar el acceso al crédito, mejorar la infraestructura logística, avanzar en la apertura de mercados y fortalecer los controles sanitarios y fitosanitarios.
Otro de los aspectos planteados es la necesidad de revisar los instrumentos de incentivo a las inversiones. Según el análisis del sector, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) presenta limitaciones para las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, mientras que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) no contempla de manera integral a la agroindustria.
Pese a los cuestionamientos sobre las políticas públicas, el informe reconoce que la Argentina cuenta con una actividad agropecuaria altamente competitiva y orientada a los mercados internacionales. El desafío señalado es mejorar las condiciones económicas y tributarias para que esa capacidad productiva pueda traducirse en mayores inversiones, incorporación tecnológica y crecimiento de la producción.
