La Justicia embargó bienes de Cristina Kirchner y sus hijos por la condena en la causa Vialidad
La medida alcanza, entre otros bienes, el departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero, inmuebles en Santa Cruz y hoteles de El Calafate. También fueron alcanzados por la decisión bienes pertenecientes a otros condenados en el expediente.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron necesario preservar los bienes identificados para garantizar la ejecución del decomiso dispuesto en la sentencia. La medida había sido aprobada previamente por el mismo tribunal y respaldada por la Cámara Federal de Casación Penal, aunque la expresidenta presentó una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia.
La condena contra Cristina Kirchner estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de un decomiso cercano a los $685.000 millones. Los condenados deben responder solidariamente por ese monto.
Más de un año después de la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema, la Justicia todavía no logró concretar el decomiso de bienes de la expresidenta. Tras quedar firme la condena, el Tribunal Oral Federal N°2 había intimado a los condenados a depositar $684.990.350.139,86, correspondiente al perjuicio ocasionado al Estado.
Ante la falta de cumplimiento, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron identificar bienes que pudieran ser embargados para avanzar en la recuperación de la suma fijada judicialmente.
Después de las distintas objeciones planteadas durante el proceso, fueron identificadas 111 propiedades que serán tasadas y eventualmente rematadas para cubrir parte del monto establecido. A ese listado se sumaron otros inmuebles sobre los cuales el tribunal continúa reuniendo información y que quedaron incluidos en las nuevas medidas cautelares.
Los jueces señalaron que existe una sentencia firme que estableció una obligación patrimonial concreta y que todavía no fue satisfecha. En ese sentido, sostuvieron que los embargos no buscan asegurar una eventual condena futura, sino garantizar el cumplimiento de una decisión judicial que ya se encuentra vigente.
Entre los bienes alcanzados figuran propiedades cuya titularidad corresponde a Máximo y Florencia Kirchner. Ambos no fueron condenados en la causa Vialidad, pero el tribunal consideró al analizar la medida la existencia de vínculos económicos entre sociedades relacionadas con la familia Kirchner y empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.
Según la resolución, el dinero derivado de las maniobras investigadas produjo beneficios económicos directos para Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner. El tribunal también mencionó una serie de operaciones comerciales relacionadas con la explotación turística, alquileres y emprendimientos vinculados a hoteles de la familia, realizados de manera directa o a través de sociedades.
Los embargos dispuestos alcanzan un departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires; un dúplex y cinco cocheras en el complejo Madero Center; otro departamento con dos cocheras y una baulera en el mismo complejo; y distintos inmuebles ubicados en El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén, en Santa Cruz.
La resolución también incluyó una propiedad perteneciente a una empresa constructora y dos inmuebles de otra firma, vinculadas a Báez. Esas compañías habían sido adquiridas por el empresario y quedaron relacionadas en la investigación con el direccionamiento de licitaciones de obras viales nacionales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Finalmente, el tribunal dispuso el embargo de otra propiedad ubicada en Santa Cruz que se encuentra dentro de un trámite sucesorio y que, según las actuaciones, había sido adquirida por Báez en 2005.
