Cuestionan a Vidal por el conflicto policial y la Emergencia Habitacional
El legislador sostuvo que tanto el ministro de Seguridad como el secretario de Estado de Trabajo debieron asumir un rol de mediación para acercar posiciones entre las partes y evitar la prolongación del reclamo.
La disputa se extendió durante varias semanas y estuvo marcada por cruces entre el Ejecutivo y los efectivos autoconvocados, con decretos, intimaciones, advertencias de sanciones y denuncias. Finalmente, tras el rechazo de las propuestas salariales oficiales en el marco del Consejo del Salario, las negociaciones no lograron arribar a un acuerdo.
Luego de que el gobierno de Vidal oficializara por decreto un aumento salarial, los efectivos profundizaron las medidas de protesta en Río Gallegos y mantienen el reclamo frente a la Casa de Gobierno, donde continúan encadenados pese a las bajas temperaturas y las lluvias que atraviesan la provincia durante el invierno.
El diputado también señaló que el levantamiento de las protestas en algunas localidades no implicó un acuerdo con el Gobierno, sino una consecuencia del desgaste económico que atraviesan los efectivos, quienes —según explicó— dependen del cobro de horas extras para complementar sus ingresos. Además, pidió que la administración provincial no avance con sumarios administrativos contra los policías que participaron de las medidas de fuerza.
En relación con la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para debatir la declaración de la Emergencia Habitacional, Godoy cuestionó la iniciativa y consideró que responde a una actitud de “desesperación e improvisación” por parte del Ejecutivo provincial. Entre sus principales críticas, el legislador señaló la falta de rendición de cuentas sobre emergencias aprobadas anteriormente por la Legislatura y afirmó que en esos casos no se presentaron los informes ni balances correspondientes.
A su vez, rechazó la posibilidad de otorgar facultades delegadas al Gobierno para realizar contrataciones directas destinadas a obras de infraestructura, al advertir que esa herramienta podría reducir los mecanismos de control del Tribunal de Cuentas y del Poder Legislativo.
Las críticas al manejo de los recursos públicos se intensificaron luego de una decisión judicial que habilitó al gobernador Vidal a reducir fondos coparticipables destinados a los municipios.
Los intendentes advirtieron que la medida tendrá impacto directo sobre las finanzas locales y podría afectar el pago de salarios, además de profundizar las dificultades para sostener servicios esenciales y obras públicas.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó específicamente el recorte del 20% de la coparticipación impulsado por el Ejecutivo provincial y afirmó que esa reducción dificultaría el cumplimiento de las obligaciones salariales del municipio.
