Reino Unido rechazó el proyecto argentino sobre Malvinas y defendió a las empresas que operan en las islas
La respuesta llegó a través de una declaración de la subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien calificó como “inaceptables” y “sin justificación legal” las medidas impulsadas por Argentina contra quienes suministran bienes y servicios al archipiélago, con especial referencia al sector de hidrocarburos.
La funcionaria sostuvo que el Reino Unido y su red diplomática respaldan a las compañías y personas alcanzadas por las medidas argentinas. También afirmó que las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y rechazó cualquier intento de Argentina de recurrir a mecanismos internacionales para obstaculizar las actividades comerciales en el archipiélago.
El pronunciamiento se produjo después de que el Gobierno argentino enviara al Congreso una iniciativa destinada a reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011. El proyecto amplía el alcance de las restricciones existentes, que actualmente están concentradas principalmente en las actividades relacionadas con los hidrocarburos.
La propuesta contempla sanciones para distintas formas de explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en zonas que Argentina considera sometidas a su soberanía. Entre las medidas previstas figuran multas, inhabilitaciones y penas de prisión de hasta 20 años para determinadas conductas.
El proyecto también plantea la creación de un registro público de personas y empresas sancionadas y propone establecer un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo cuya conducción quedaría a cargo del Presidente.
La posición británica se había expresado además días antes. El 15 de septiembre, el Gobierno del Reino Unido difundió una guía dirigida a compañías que desarrollan actividades en las islas. Allí sostuvo que Argentina no posee soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que la legislación argentina no resulta aplicable a las empresas que operan allí.
En paralelo, la disputa sumó una instancia judicial en Argentina. Un día antes de la declaración de Kumaran, la Justicia Federal de Río Grande dispuso que Rockhopper y Navitas Petroleum se abstuvieran de comenzar o continuar obras relacionadas con el proyecto Sea Lion.
El nuevo escenario combina así el avance del Gobierno argentino sobre un marco legal destinado a ampliar las sanciones contra actividades que considera contrarias a sus derechos sobre las Malvinas con la postura británica de respaldo a las empresas que desarrollan proyectos económicos en el archipiélago.
