Federico Sturzenegger vuelve a la carga con otro paquete de desregulaciones
Durante el transcurso del fin de semana, mientras miles de argentinos se preparaban para disfrutar de la final del Mundial un borrador de 144 páginas se hizo público, abarcando una serie de modificaciones a un gran número de leyes. Este enfoque recuerda a otras iniciativas anteriores, pero en esta ocasión está dirigido a la desregulación y liberalización de múltiples ámbitos de la economía local. Aunque el texto cuenta con la aprobación de la Casa Rosada, no ha sido aún presentado formalmente en el Congreso.
El primer segmento del proyecto se centra en la desregulación del mercado inmobiliario, haciendo hincapié en el Régimen de Corretaje. Entre los puntos más destacados, el borrador propone reducir los requisitos necesarios para ejercer como corredor inmobiliario. Por ejemplo, se eliminaría la obligación de contar con un título universitario de Martillero y Corredor Público, permitiendo que cualquier persona mayor de edad y con un título secundario pueda llevar a cabo esta actividad.
Asimismo, otra disposición significativa en el borrador prohíbe la fijación de aranceles mínimos, máximos o sugeridos para el corretaje, estipulando que la comisión se acuerde de manera libre entre las partes involucradas. Además, se prevé la creación de plataformas digitales destinadas a validar y legalizar la actividad de corretaje, facilitando su funcionamiento en un contexto moderno y digital.
En una segunda fase del proyecto, se contempla la liberalización total del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que incluye el gas en garrafas y cilindros. Concretamente, esto implicaría la eliminación de las regulaciones vigentes desde 2005 en lo que respecta a precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales. En términos simples, si se sanciona la ley, los precios de este recurso estarían sujetos exclusivamente a la oferta y la demanda del mercado.
El borrador deroga el Régimen Regulatorio del GLP (Ley N° 26.020), que actualmente lo califica como un “servicio público de interés general”, lo cual otorga al Estado el poder de fijar precios de referencia, subsidiar la garrafa social y regular la cantidad de abastecimiento.
Adicionalmente, el proyecto busca desregular tanto el mercado editorial como el audiovisual. El texto propone derogar la Ley N° 25.542, que establece el precio único de venta al público para los libros, permitiendo a las grandes cadenas de librerías y supermercados ofrecer descuentos significativos. Esta medida generaría un impacto negativo en las librerías independientes y de barrio.
Desde que se conoció el contenido del borrador, el sector librero ha manifestado su oposición. La Cámara Argentina del Libro ha emitido un comunicado donde sostiene que “el precio único del libro es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado, garantizando el acceso federal a la lectura y sosteniendo la bibliodiversidad de nuestro país”.
Por otro lado, la propuesta también incluye la derogación de la Ley N° 23.316, que establece que las películas, series y contenidos extranjeros difundidos en televisión abierta o por cable deben ser doblados obligatoriamente en el país por actores y locutores locales. Esto significa que el doblaje podría realizarse en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de cumplir con regulaciones locales.
Tal como se había anticipado, el gobierno también tiene la intención de modificar la ley de Farmacias en un intento de desregular el sector. El proyecto eliminaría la exclusividad que actualmente tienen las farmacias en la venta de medicamentos de venta libre. En caso de aprobarse esta propuesta, dichos productos podrían comercializarse, exhibirse y ofrecerse en otros tipos de establecimientos, como kioscos y supermercados.
Adicionalmente, las farmacias estarían autorizadas a vender medicamentos bajo receta o de venta libre a través de plataformas digitales, sitios web o aplicaciones. Se habilitaría, por lo tanto, el envío a domicilio de estos productos. En este contexto, el borrador estipula que las farmacias podrán recurrir a plataformas de terceros, como Mercado Libre o Rappi, para llevar a cabo la logística, los pagos y la exhibición de los productos.
El documento le dedica un capítulo completo al sector agroganadero. Uno de los aspectos relevantes es la derogación del artículo 3° de la Ley N° 13.636, que exigía que cualquier producto veterinario importado, incluidos remedios, vacunas y tratamientos, debe comenzar a ser fabricado efectivamente en Argentina dentro de un plazo de cuatro años a partir de su autorización. En esencia, esto significa que los laboratorios internacionales y los importadores ya no estarán obligados a establecer plantas de producción en el país ni a transferir sus fórmulas para mantener los permisos de comercialización.
Además, el texto suprime las contribuciones obligatorias que actualmente financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), transformando este organismo en uno sostenido únicamente por aportes voluntarios y servicios comerciales. También se prevé la disolución de Coviar, la Corporación Vitivinícola Argentina.
Más allá de esto, el proyecto también prevé desregular por completo los contratos de alquiler de campos y de producción asociativa agropecuaria. Si se aprueba la ley, estos contratos se regirían por el principio de libre autonomía de la voluntad de las partes, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.
El texto no se detiene ahí y también afecta a la industria del alcohol y el vino, flexibilizando los controles estatales. Las modificaciones planteadas buscan desburocratizar las inspecciones dentro de la cadena productiva, relajar las regulaciones sobre las prácticas enológicas para la producción de vino y unificar las multas en función del valor del producto.
Abordando este sector, el borrador elimina la Ley N° 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina, más conocida como COVIAR. Según se especifica en el documento, los recursos que queden de COVIAR deberán ser traspasados al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura. En el contexto de la disolución de esta corporación, se indica que deberá presentar un informe de cierre y proceder a su liquidación en un plazo máximo de dos meses; además, se facultará al Estado a designar un liquidador si fuera necesario.
Finalmente, otro de los segmentos de este paquete regulatorio busca abrir la navegación y comercio de cabotaje nacional. A través de esta medida, se eliminaría la reserva de carga exclusiva para buques de bandera local, una regulación que ha estado vigente desde 1944. Esto abriría las puertas para que embarcaciones extranjeras puedan transportar carga y pasajeros entre puertos argentinos.
La propuesta también introduce cambios en la ley de Navegación (N° 20.094) para flexibilizar la contratación laboral a bordo, desregular la composición de las tripulaciones y digitalizar toda la documentación vinculada con el comercio marítimo.
