El Gobierno aumentará los subsidios a los colectivos nacionales y reconoció una deuda de casi $39.000 millones
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 80/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La normativa establece una nueva estructura de costos y subsidios para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, con el objetivo de actualizar los fondos que reciben las empresas sin trasladar nuevos aumentos a los pasajeros.
La decisión se conoce después de que la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires aplicaran incrementos tarifarios del 3,9% y el 5,02%, respectivamente, durante noviembre. En cambio, para los servicios nacionales, el Ejecutivo optó por reforzar las compensaciones estatales y mantener sin modificaciones los valores de los pasajes.
El esquema alcanza a las líneas nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuyos recorridos atraviesan la avenida General Paz o el Riachuelo, además de los servicios urbanos interprovinciales del interior del país. Estos colectivos mantienen sus tarifas congeladas desde julio.
La resolución fue firmada el 28 de octubre por el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, y reemplazó el esquema establecido anteriormente por la Resolución 48/2026. Entre sus disposiciones, fija nuevos valores de costos por kilómetro recorrido y establece las compensaciones que deberá afrontar el Estado nacional.
Para determinar los subsidios, la Secretaría de Transporte contempla los kilómetros que debe cubrir cada empresa, los precios de los insumos y los gastos necesarios para prestar el servicio. A esos costos se les descuentan los ingresos estimados por la venta de pasajes, y la diferencia determina el monto de asistencia estatal.
Con la nueva estructura, las compensaciones mensuales pasarán de $85.390 millones en septiembre a $103.860 millones en octubre, lo que representa un incremento del 21,6%. Para enero, el monto previsto alcanzará los $106.651 millones, un 24,9% por encima del registrado en septiembre.
En términos acumulados, las empresas recibirían alrededor de $76.500 millones adicionales durante los cuatro meses contemplados, en comparación con los valores que establecía el esquema anterior.
A ese refuerzo se suma el reconocimiento de una deuda retroactiva de $38.841 millones. El monto corresponde a las diferencias entre los ingresos que el Estado había proyectado por la venta de boletos y la recaudación que efectivamente obtuvieron las compañías entre junio y septiembre.
El artículo 6 de la resolución reconoce que durante esos cuatro meses las empresas recibieron compensaciones inferiores a las que les correspondían debido a un desfasaje en las estimaciones oficiales. Sin embargo, la normativa no establece un cronograma específico para cancelar la totalidad de esa deuda.
De acuerdo con las previsiones que trascendieron durante las negociaciones con el sector empresario, el Gobierno proyectaría abonar la mitad del monto durante noviembre y completar el resto antes de finalizar el año. No obstante, ese esquema de pagos todavía no fue confirmado oficialmente por la Secretaría de Transporte.
El desajuste se originó en la metodología utilizada para calcular los subsidios. El Estado realiza una estimación de los costos operativos, que incluye el recorrido de los colectivos, el precio del combustible y otros insumos. Luego proyecta cuánto dinero ingresará por la venta de pasajes, tomando como referencia la tarifa promedio y la cantidad de pasajeros prevista.
Cuando la recaudación real resulta inferior a la estimada, los fondos recibidos por las empresas pueden quedar por debajo de los costos contemplados en el propio esquema oficial.
Un ejemplo permite ilustrar el mecanismo: si el costo total de funcionamiento de un servicio es de $100 y el Estado calcula que ingresarán $30 por boletos, establece un subsidio de $70. Pero si la recaudación efectiva termina siendo de $20, la empresa dispone de $90 para cubrir gastos que habían sido calculados en $100. La diferencia de $10 representa el desfasaje que se busca corregir con la nueva compensación.
La actualización fue definida después de una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Transporte y representantes de las compañías, realizada el jueves anterior a la publicación de la resolución.
En paralelo, el esquema mantiene en manos del Ministerio de Economía la facultad de definir los momentos y los porcentajes de actualización de las tarifas y los subsidios, además de establecer los plazos para efectivizar los pagos.
