YPF: 15 estados de Estados Unidos respaldaron el pedido de Petersen y Eton Park ante la Corte Suprema

Quince estados y territorios de Estados Unidos presentaron un documento ante la Corte Suprema de ese país para respaldar el pedido de revisión del fallo vinculado con la expropiación de YPF. La presentación acompaña a Petersen Energía y Eton Park, que buscan revertir la decisión judicial que favoreció a la Argentina en el litigio por la nacionalización de la petrolera.

El escrito fue presentado el 30 de octubre bajo la figura de amicus curiae, un mecanismo que permite que terceros ajenos a un proceso judicial expongan argumentos ante el tribunal. La presentación fue encabezada por Misuri y contó con la participación de otros 14 estados y territorios, cuyos fiscales generales solicitaron que se admita el recurso de los demandantes.

La intervención no implica que la Corte Suprema haya aceptado tratar el expediente, pero incorpora nuevos argumentos a favor de los fondos antes de que venza el plazo para que la Argentina y YPF respondan a las presentaciones.

El conflicto judicial se originó en la expropiación de YPF, concretada en 2012. En primera instancia, la Justicia estadounidense había condenado a la Argentina a pagar aproximadamente US$ 16.100 millones. Sin embargo, en marzo de este año, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó esa sentencia y dictó una resolución favorable al país. Tras ese resultado, Petersen y Eton Park solicitaron la intervención del máximo tribunal estadounidense.

El planteo de los estados se concentra en los alcances de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que regula las condiciones bajo las cuales los gobiernos extranjeros pueden ser demandados ante los tribunales de Estados Unidos.

Según los fiscales generales que firmaron el documento, la interpretación aplicada por la Cámara de Apelaciones podría permitir que otros países eviten decisiones de la Justicia estadounidense mediante la aprobación de leyes nacionales que establezcan que determinadas controversias deben resolverse exclusivamente ante sus propios tribunales.

Desde esa perspectiva, consideran que el caso plantea una cuestión institucional que excede el litigio por YPF, ya que podría afectar la posibilidad de ejecutar sentencias estadounidenses frente a gobiernos extranjeros.

Por ese motivo, solicitaron que la Corte Suprema admita el recurso presentado por Petersen y Eton Park y deje sin efecto la decisión del Segundo Circuito.

Sin embargo, la presentación también abrió una discusión sobre sus posibilidades de influir en la decisión del tribunal. Uno de los cuestionamientos apunta a la composición política de los fiscales generales que acompañaron el documento: todos pertenecen al Partido Republicano, con excepción del representante de las Islas Marianas, que tiene carácter independiente. Esa circunstancia fue señalada como un factor que podría limitar el peso institucional del respaldo, aunque no determina por sí misma el resultado del planteo.

También existen diferencias sobre el fundamento jurídico de la presentación. Una interpretación crítica sostiene que los estados describen incorrectamente el fallo de la Cámara de Apelaciones al afirmar que el tribunal habría renunciado a una competencia que le reconoce la legislación estadounidense.

Según esa postura, el Segundo Circuito sí ejerció su jurisdicción y resolvió la controversia aplicando el derecho argentino. En particular, habría considerado las normas societarias nacionales y la legislación general sobre expropiaciones como las disposiciones correspondientes para analizar una disputa entre accionistas por el supuesto incumplimiento del estatuto de una sociedad constituida en Argentina.

La diferencia entre ambas posiciones es central para el futuro del expediente. Mientras los estados presentan el caso como una discusión sobre los límites de la jurisdicción federal estadounidense y la inmunidad soberana, la interpretación contraria sostiene que la Cámara actuó dentro de sus facultades y aplicó la legislación sustantiva pertinente.

Otro elemento que puede incidir en los tiempos del proceso es el reducido número de recursos que admite la Corte Suprema de Estados Unidos. El tribunal suele priorizar expedientes que presentan diferencias de criterio entre tribunales inferiores o que plantean cuestiones federales de relevancia que requieren revisar precedentes existentes.

En ese contexto, también se planteó la posibilidad de que la presentación de los estados motive una consulta al Solicitor General, representante del Gobierno federal ante la Corte Suprema, antes de resolver si acepta o rechaza el recurso. Si eso sucede, la definición sobre la admisibilidad podría demorarse varios meses.

Por el momento, la causa continúa en una etapa preliminar. La Argentina y YPF tienen plazo hasta el 2 de diciembre para presentar sus respuestas al pedido de revisión de Petersen y Eton Park y contestar los argumentos incorporados por terceros.

Hasta ahora, el expediente registra una presentación de respaldo a la posición argentina y cinco favorables a los demandantes. Ese escenario todavía podría modificarse con la incorporación de nuevos documentos antes de que la Corte tome una decisión.

Una vez recibidas las contestaciones, el máximo tribunal deberá resolver si acepta intervenir. Si rechaza el recurso, continuará vigente el fallo del Segundo Circuito, que favoreció a la Argentina. En cambio, si decide admitirlo, el litigio por la expropiación de YPF tendrá una nueva instancia ante la máxima autoridad judicial de Estados Unidos.