La causa por la mansión de Pilar llegó a la Corte Suprema y vuelve a abrir la disputa por el juez competente
El planteo fue impulsado por el fiscal general Mario Villar, quien cuestionó el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que dispuso que la causa quedara a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La Corte tendrá la última palabra sobre la competencia judicial, en un expediente que desde su inicio, en diciembre del año pasado, pasó provisoriamente por 14 magistrados.
La investigación busca determinar quién financió la adquisición de una propiedad de 105.000 metros cuadrados en Pilar, que cuenta con helipuerto, cancha de paddle y un galpón donde se encontraron 54 vehículos de lujo y de colección. El inmueble figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes también son titulares de la sociedad Real Central, propietaria de la mansión.
Una de las hipótesis bajo análisis sostiene que ambos no tendrían capacidad económica suficiente para afrontar una operación de esa magnitud y que el verdadero propietario sería Toviggino. Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran objetos vinculados al dirigente de la AFA, autorizaciones para que familiares suyos condujeran los vehículos hallados en el predio y el uso de una tarjeta corporativa de la asociación por parte de Pantano para pagar peajes relacionados con esos automóviles.
La discusión sobre qué juzgado debe intervenir se apoya en dos posiciones contrapuestas. La defensa de Pantano y Conte sostiene que corresponde la jurisdicción de Campana porque la propiedad está ubicada en Pilar. En cambio, los fiscales que participaron del expediente consideran que la presunta maniobra de lavado de activos excedería los límites geográficos del inmueble y tendría conexiones con la estructura de la AFA, cuya sede se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.
La causa tuvo varios cambios de jurisdicción. Inicialmente estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, luego pasó al fuero Penal Económico, bajo la intervención de Marcelo Aguinsky, y posteriormente fue transferida a González Charvay. Tras regresar al juzgado de Aguinsky, el expediente volvió a Campana, donde permanece actualmente.
En agosto, Casación resolvió que la investigación debía continuar en ese último distrito. Villar recurrió entonces a la Corte Suprema al considerar que la decisión fue arbitraria y que no tuvo en cuenta el alcance de las operaciones bajo sospecha.
En su presentación, el fiscal sostuvo que la investigación no puede limitarse al lugar donde está ubicada la mansión, ya que también contempla un entramado de sociedades radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Según su argumento, esa dimensión de la causa resulta determinante para establecer cuál es el tribunal que debe intervenir.
Otro de los puntos cuestionados es que el juzgado de Campana tiene a su cargo otros expedientes vinculados con la AFA y sus dirigentes, además de haber solicitado actuaciones a distintos tribunales. Para Villar, esa situación podría concentrar investigaciones de gran relevancia institucional en un juzgado cuya competencia se encuentra discutida.
El fiscal también advirtió sobre el riesgo de forum shopping, una práctica que consiste en procurar que una causa sea tramitada ante un tribunal considerado conveniente para los intereses de alguna de las partes. En ese sentido, pidió que la Corte intervenga para garantizar el principio constitucional del juez natural, que establece que una persona debe ser juzgada por el tribunal competente determinado conforme a las reglas legales.
La Fiscalía remarcó, además, el interés institucional del expediente por la relevancia pública de la AFA y por la existencia de otros conflictos de competencia relacionados con investigaciones sobre la entidad. Según planteó, la coexistencia de múltiples causas y pedidos de inhibitoria podría afectar el desarrollo ordenado de las actuaciones judiciales.
La definición del máximo tribunal será relevante no solo para la investigación sobre la propiedad de Pilar, sino también para otros expedientes relacionados con la asociación y con su presidente, Claudio Tapia, que involucran el manejo de fondos de la entidad.
Mientras la Corte analiza el planteo, la cuestión central continúa siendo determinar qué juzgado debe conducir la investigación y establecer si existen elementos suficientes para avanzar sobre la hipótesis de que la adquisición de la mansión se habría financiado con recursos provenientes de la AFA. Por el momento, esa sospecha forma parte de la investigación y deberá ser esclarecida en el proceso judicial.
