El hogar del horror en Formosa: abuso y negligencia en la atención infantil

“Colocó al niño desnudo, mirando hacia la pared a modo de castigo. Le impedía sentarse retirándole la silla… Le demoraba la comida adrede”, denunció ante la Justicia un empleado del hogar Remedios de Escalada, en Formosa. En este establecimiento, que alberga a menores en situaciones familiares complicadas bajo tutela estatal, quienes han pasado por allí reportan graves irregularidades: maltratos, castigos arbitrarios y la administración de medicamentos para mantener a los chicos en un estado de sedación. I.J.M., de 11 años, fue ingresado al hogar en octubre del año pasado tras un incidente de violencia familiar. Su padrastro intentó agredir a su madre, Elena, y el niño, al intentar protegerla, terminó mordido por ella en un momento de descontrol. A pesar de la situación, tras el fallecimiento del padrastro una semana después, I.J.M. no fue reintegrado con su familia, sino que se decidió su permanencia en el hogar. “La institucionalidad debería ser algo temporal y excepcional. La escuela informa que Elena siempre estuvo presente, lo que no concuerda con los hechos registrados en los expedientes”, explicó Gabriela Neme, diputada provincial y abogada de Elena. Durante los primeros meses, los encuentros entre I.J.M. y su madre se limitaron a visitas semanales supervisadas, donde siempre estuvo acompañado por personal del hogar. “Incluso, las comunicaciones a través de Zoom se realizaban con la presencia de un operador, una situación que contradice lo estipulado por la ley”, señaló Neme. En junio, el niño fue hospitalizado por neumonía, donde reveló a su madre los abusos sufridos. “Los castigos eran crueles: baños con agua fría, alimentos retenidos como penitencia y una sobremedicación constante. I.J.M. relató que lo sumergieron en el inodoro y lo golpearon con cinturones, mostrando cicatrices y moretones”, expuso la diputada. I.J.M. también mencionó que sus agresores le decían que su madre no lo quería, sumándole un fuerte impacto emocional. Al mismo tiempo, trascendió que un trabajador del hogar había presentado una denuncia por maltratos de otro compañero hacia los menores. “El Gobierno de Formosa optó por trasladar al denunciante y no a los responsables de los abusos, manteniendo a los chicos expuestos a la misma situación”, indicó Neme. En la denuncia, el trabajador describió cómo un colega privaba de alimentos a los niños como método punitivo. “Vi que él retiraba la comida de los platos de tres niños mientras estaban comiendo”, dice un extracto. Además, relató haber presenciado abusos contra un menor con discapacidad que no podía comunicarse. Al enterarse del sufrimiento de su hijo, Elena procedió a denunciar la situación. Sin embargo, en lugar de investigar las acusaciones, le suspendieron las visitas a I.J.M. Ante esta negativa, recurría a la Justicia, esperando autorización para volver a ver a su hijo. “El expediente afirmaba que la madre no mostraba interés en ver a su hijo”, reveló Neme. Después de reiterados intentos, Elena logró retomar el contacto, pero el niño, cansado de las condiciones, se escapó el 4 de septiembre. “Memorizó el número de su madre y pidió a una vecina que la llamara, diciendo que le había encargado algo. Entonces, fuimos a buscarlo”, relató su abogada. Reunido con su madre, I.J.M. reveló la difícil situación vivida, expresando que deseaba volver a casa y que incluso consideraba a Lionel, un compañero de su madre, como una figura de apoyo. A pesar de sus relatos, la jueza ordenó el regreso del niño al hogar. “Nos negamos a acatar la disposición. Resistimos el fin de semana, pero finalmente recibió la citación para testificar ante la jueza”, explicaron. La madre y Neme instruyeron a I.J.M. sobre la importancia de relatar su experiencia. Sin embargo, cuando llegaron al juez, solo le permitieron entrar a él, y los gritos desesperados del menor, clamando por ayuda, resonaron en el edificio. Al intentar asistirlo, Elena fue aislada y su hijo fue trasladado en una camioneta con ventanales oscurecidos, seguido por un personal médico que le administró sedantes. Al día siguiente, la resolución dictó que el menor fuera trasladado a vivir con su abuela en Corrientes, a 300 kilómetros de su madre. Esta mujer ha sido denunciada por violencia en el pasado. Por su parte, Elena recibió notificaciones de una causa en su contra por resistir a la autoridad, y se le impuso una medida que la restringe a Clorinda, imposibilitándola de visitar a su hijo. “I.J.M. llegó de la mano de su madre al juzgado y fue sacado dopado de un hospital, nunca más volvió a ver a Elena y sus hermanas. ¿Qué vio el niño que no quieren que regrese a su hogar?”, cuestionó Neme. Recientemente, I.J.M. se escapó nuevamente, pero esta vez de la casa de su abuela. “Ahora está bajo la custodia del Juzgado de Familia y Niñez N° 1 de Corrientes, y tenemos la confianza de que esta vez será escuchado y que se respetarán sus derechos como establece la ley”, afirmaron. Cerca del hogar de I.J.M., existe una residencia para niñas donde también trabajan empleados del mismo establecimiento. Sara Ramírez, de 18 años, fue una de las menores que pasó diez meses allí. Su madre, Marcela, explicó que sus hijas mellizas vivieron una situación familiar compleja y fueron institucionalizadas en la residencia Renacer. “Nos dijeron que éramos peligrosos para ellas, por lo que fueron ingresadas al sistema”, detalló. Sara recuerda gritos, burlas y maltratos. Eran 21 chicas en esa residencia, donde los empleados carecían de formación adecuada para tratar con menores. “Mis hijas eran dopadas con tranquilizantes, y muchas veces eran llevadas a emergencias psiquiátricas”, reveló. Durante su tiempo en la institución, los padres no pudieron tener contacto, ni recibir información sobre las circunstancias de sus hijas. “Las trasladaron entre tres provincias y yo no sabía nada”, dijo Marcela, visiblemente angustiada. “Me decían que ellas atacaban a los operadores, inventando pretextos para mantenerlas allí”, agregó. Sara corroboró que las mantenían bajo tratamientos con medicamentos como clonazepam. “Cualquier conflicto interno era motivo para enviarlas de nuevo a un hospital y recibir tranquilizantes”, comentó. Mientras tanto, sufría maltrato psicológico, convencida de que ella era la causa de todos los problemas. “Decían que mi mamá no me quería y que nunca volvería a casa”, afirmó. Además, Sara reveló que la encerraban durante semanas en una habitación con cámaras. “Nos llevaban la comida y si pedíamos ir al baño, nos ignoraban. Nos hicieron sentir que éramos el problema”, concluyó.