La Justicia creó un órgano especial para hacer cumplir la prohibición de desmontes en Chaco
Las noticias sobre desmontes en Chaco son frecuentes, pero uno de los episodios más recientes tuvo especial gravedad. En octubre se conoció que los bosques nativos de la provincia habían perdido alrededor de 1.800 hectáreas en un área próxima al Parque Provincial Loro Hablador, en el departamento Almirante Brown.
El sector, conocido como “zona de amortiguamiento”, es relevante para las áreas protegidas porque actúa como transición entre espacios sin protección y otros con altos niveles de conservación. Por eso, modificarlo puede tener consecuencias similares a las de intervenir dentro de un área protegida.
La zona amortigua el impacto sobre dos áreas protegidas: el parque provincial mencionado y el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero. También integra el corredor biológico del Chaco Seco, que se extiende hasta otros espacios de alta conservación, entre ellos el Parque Provincial Fuerte Esperanza.
Para establecer el valor de los bosques y determinar qué actividades se permiten en ellos, cada provincia debe contar con un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTB), herramienta prevista en la ley nacional Nº 26.331. El sistema comprende tres categorías, organizadas como los colores de un semáforo.
La ley define los bosques de categoría I, o roja, como “sectores de muy alto valor de conservación que no pueden desmontarse, ni manejarse con fines productivos”. La categoría II, o amarilla, comprende áreas “de mediano valor de conservación que podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”. Por último, la categoría III, o verde, incluye bosques “de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad”, aunque exige una evaluación de impacto ambiental.
El área chaqueña afectada está clasificada como categoría II, o amarilla, en el ordenamiento provincial. Esa condición impide cambiar el uso del suelo y se suma a las infracciones y disposiciones incumplidas que se acumulan. Además, desde 2024 la Justicia Federal prohíbe desmontar áreas comprendidas en cualquiera de las tres categorías, sin excepciones basadas en argumentos particulares.
La resolución quedó parcialmente sin efecto en diciembre de 2025. Sin embargo, en mayo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese levantamiento tras una apelación de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (Aadeaa).
En septiembre pasado, Aadeaa presentó una denuncia por un nuevo desmonte, esta vez en las inmediaciones del Parque Provincial Loro Hablador. El episodio precipitó una decisión del Juzgado Federal de Resistencia: dos meses más tarde, la jueza Zunilda Niremperger dispuso la formación de un equipo interinstitucional. Lo integran representantes de Aadeaa, en su carácter de parte querellante, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y Gendarmería.
El abogado Fabián Maggi, integrante de Aadeaa, fue designado para representar a la asociación. Dijo que la creación del equipo genera expectativas porque permite superar los obstáculos burocráticos que, hasta ahora, enfrentaban al denunciar nuevos desmontes.
“Este equipo va a poner en juego la posibilidad de que la respuesta sea inmediata. Al poner en igualdad a la querella junto con el resto de los funcionarios, se generan líneas de comunicación directas y nos permiten que, cuando tomemos conocimiento de algún desmonte, podamos requerir directamente a Gendarmería, a la Dirección de Bosques (de Chaco) o a la policía local para que vayan a la zona a verificar si hay desmontes o si puede identificar personas”, explicó. También señaló que podrán seguir de cerca lo que ocurra en el terreno mediante imágenes satelitales y herramientas de teledetección, para controlar la cobertura boscosa en zonas donde podrían registrarse conflictos.
La pérdida de estos bosques es casi irreversible. Desaparecen ejemplares adultos de especies como el quebracho, el palo santo y el itín. Si aparecen árboles nuevos, pueden tardar hasta 70 años en alcanzar la adultez, explicó Tomás Camarasa, coordinador para el Gran Chaco de Aves Argentinas.
“La pérdida de cobertura boscosa se acelera, en un contexto en el que Chaco tiene una de las tasas de deforestación más altas del planeta”, advirtió. Además, identificó los departamentos Almirante Brown y General Güemes, en el noroeste provincial, como los “puntos calientes en donde más se ve el avance del desmonte ilegal”.
Los últimos datos del Monitoreo de Bosques Nativos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, correspondientes a 2024, ubican a Chaco y Santiago del Estero al frente de las provincias con mayor deforestación de especies autóctonas. En ese período, Chaco perdió casi 40.000 hectáreas. Según registros de organizaciones como Greenpeace, en 2025 se deforestaron allí 16.872 hectáreas de especies nativas. Entre enero y septiembre de este año, la misma organización relevó la pérdida de otras 9.339 hectáreas de bosques nativos.
La dificultad para recuperar las especies afectadas no se limita al tiempo que tardan los árboles en crecer. Camarasa explicó que los bosques necesitan una estructura determinada para que las semillas puedan desarrollarse y dar lugar a nuevos ejemplares.
En las áreas desmontadas, el suelo tiende a desertificarse y desaparecen las condiciones necesarias para que prosperen nuevos árboles. “Todo queda expuesto al calor y al viento. En el lugar se genera una costra, en donde no crece nada y se dificulta que nuevos ejemplares se establezcan. Y si se establecen, crecen muy lento”.
Entre las responsabilidades del equipo interinstitucional figura la elaboración de informes periódicos sobre el estado de la zona. La Dirección Nacional de Bosques deberá enviar cada 15 días datos de su sistema de alertas para comunicar posibles cambios en la cobertura forestal. A su vez, la Dirección de Bosques de Chaco, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, tendrá que presentar un informe detallado cada tres meses sobre lo observado. Las próximas semanas serán determinantes para establecer la magnitud del daño en el noroeste chaqueño.


