Se fugó un exintegrante de las Brigadas Rojas que esperaba ser extraditado a Italia y su abogado cuestionó las condiciones de salud
La extradición había sido autorizada por la jueza María Servini, a partir de un pedido del gobierno italiano, y estaba prevista para el jueves 12 de noviembre. Sin embargo, la defensa había solicitado que antes de concretar el traslado se realizara una evaluación médica para determinar si Bertulazzi estaba en condiciones de afrontar un viaje de larga distancia.
Según explicó su abogado, el ciudadano italiano había sufrido tres accidentes cerebrovasculares en los últimos dos años y se encontraba bajo tratamiento médico. El último control se realizó el 6 de noviembre en el Centro de Epilepsia del Hospital General de Agudos Ramos Mejía, donde los profesionales solicitaron profundizar los estudios y continuar con el seguimiento.
La defensa había pedido autorización para realizar un electroencefalograma programado para el 27 de noviembre y reclamado la intervención del Cuerpo Médico Forense para establecer si el detenido podía viajar en avión. De acuerdo con el planteo, los médicos habían advertido sobre los riesgos que implicaba un traslado de esas características.
El abogado cuestionó que la magistrada remitiera las actuaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Interpol sin disponer la evaluación médica solicitada. También afirmó que el organismo policial internacional había requerido que se adoptaran medidas para atender la situación sanitaria del detenido, pero que no hubo una respuesta judicial favorable.
El lunes 9 de noviembre, el letrado se comunicó telefónicamente con Bertulazzi para informarle sobre las decisiones adoptadas en el expediente. Tras ese contacto, el detenido habría resuelto escapar. Su defensa interpretó que priorizó recuperar la libertad ante lo que consideraba una vulneración sostenida de sus derechos y la falta de garantías sobre su estado de salud.
La fuga se habría concretado mediante un procedimiento que incluyó la manipulación de la tobillera electrónica para evitar que se activaran las alertas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Según la reconstrucción de los hechos, el dispositivo utilizado habría alterado las mediciones de temperatura corporal, frecuencia cardíaca y humedad registradas por el equipo.
Posteriormente, Bertulazzi habría descendido desde la ventana de un quinto piso del edificio de San Telmo mediante un arnés de fabricación propia. La ausencia fue advertida por su esposa durante la mañana, cuando se despertó y comprobó que el hombre ya no estaba en el departamento. Luego se comunicó con el abogado.
La historia judicial de Bertulazzi en la Argentina comenzó en 2002, cuando fue detenido a raíz de un pedido de arresto y extradición presentado por Italia. En aquel momento, Servini rechazó la solicitud porque las autoridades italianas no ofrecían garantías suficientes sobre su derecho a defenderse en un nuevo juicio.
El ciudadano italiano había llegado al país después de residir en Francia y El Salvador. En Italia había sido condenado en ausencia a 27 años de prisión por su participación en las Brigadas Rojas y por su presunta intervención en el secuestro de un empresario. Según la defensa, la condena se sustentó principalmente en el testimonio de un arrepentido, obtenido durante un período en el que se denunciaban prácticas sistemáticas de tortura contra militantes de izquierda. También se señaló que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había condenado episodios vinculados con esas prácticas.
Después de evitar la extradición, Bertulazzi se radicó en la Argentina y trabajó como luthier. En 2004, la Comisión Nacional para los Refugiados le concedió protección internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados.
Esa situación se mantuvo durante casi dos décadas, hasta que en 2024 el Gobierno de Javier Milei dispuso revocar su condición de refugiado, en el contexto del acercamiento diplomático con Italia y de las gestiones impulsadas por la administración de Giorgia Meloni.
La decisión administrativa fue cuestionada por la defensa y actualmente continúa pendiente de una resolución definitiva de la Corte Suprema. El planteo sostiene que, mientras no exista una decisión firme, la protección internacional de Bertulazzi debe considerarse vigente y que la legislación argentina impide avanzar con pedidos de extradición de personas reconocidas como refugiadas.
Sin embargo, el proceso judicial continuó y se dispuso la detención domiciliaria del ciudadano italiano, además de autorizarse su entrega a las autoridades de su país de origen.
El caso también quedó atravesado por un antecedente diplomático entre la Argentina e Italia. En enero de 2024, el gobierno italiano rechazó un pedido de extradición presentado por las autoridades argentinas para trasladar a Franco Reverberi, un excapellán militar acusado de torturas y homicidio, delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en San Rafael, Mendoza.
Reverberi había abandonado la Argentina en 2011, luego de ser citado a declarar en el marco de las investigaciones judiciales. El entonces ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, fundamentó la negativa a extraditarlo en sus problemas cardíacos y en los riesgos que podía representar para su salud realizar un viaje de larga distancia.
La diferencia entre ambos procedimientos volvió a quedar expuesta a partir de la fuga de Bertulazzi, cuyo proceso de extradición avanzó pese a los cuestionamientos de su defensa sobre las condiciones médicas en las que se encontraba.
