La Justicia definió cómo se venderán los activos de Algodonera Avellaneda y priorizará la continuidad laboral

El proceso de venta de Algodonera Avellaneda entró en una nueva etapa luego de que el juez Fabián Lorenzini, a cargo de la quiebra de la compañía textil vinculada con integrantes de la familia Vicentin, estableciera las condiciones para la comercialización de sus instalaciones y bienes productivos. La resolución contempla la división de los activos en cinco lotes y establece criterios para evaluar las propuestas, con especial atención a la continuidad de las operaciones y la conservación de los puestos de trabajo.

La decisión judicial se conoció después de que cinco empresas manifestaran interés en los activos: Algoservicios SA, Vicentin Cereales SA, Tipoiti SATIC, ENOD SA y Bolton SA. En paralelo, el Banco Nación tendrá una instancia preferencial para quedarse con la hilandería ubicada en Reconquista, provincia de Santa Fe, debido a su posición como principal acreedor de la compañía.

La entidad financiera concentra más del 80% del pasivo quirografario computable y tiene créditos verificados y admisibles por $1.585.782.428,89 y US$260.791.600,40. Por ese motivo, el magistrado le otorgó una opción de compra preferente sobre la hilandería, cuyo plazo vence el jueves 19 de noviembre.

El banco deberá comunicar si pretende adquirir esa unidad mediante la utilización de su crédito, indicar el monto de la oferta y presentar la tasación correspondiente. El valor propuesto no podrá ser inferior a la valuación propia del establecimiento. Si decide no ejercer la opción, esa tasación funcionará como referencia para el resto de los interesados. En caso de que el banco presente una oferta y ningún competidor la supere, podrá quedarse con las instalaciones.

La venta fue organizada en cinco lotes. El primero comprende la hilandería y tejeduría de Reconquista, que durante octubre registró una producción de 305.000 kilos de hilado y 100.000 kilos de tejido. El establecimiento cuenta con una hipoteca a favor del Banco Nación por un capital de US$100 millones, constituida como garantía de préstamos de prefinanciación de exportaciones otorgados a Vicentin SAIC.

El privilegio especial reconocido al banco asciende a US$149.095.242,40, cifra que contempla el capital y los intereses calculados al 12 de noviembre de 2024, además de un tramo eventual en pesos.

El segundo lote incluye la desmotadora de Bandera, en Santiago del Estero. El predio tiene una superficie de cinco hectáreas, de las cuales una está destinada a residuos, y cuenta con dos viviendas. Para esta unidad se estableció un valor base de referencia de US$4 millones.

El tercer grupo reúne las instalaciones de General Pinedo, en Chaco. Comprende las desmotadoras Pinedo I y II, ubicadas en un terreno de 45 hectáreas, y Pinedo III, emplazada en un predio de 138 hectáreas. El conjunto tendrá un precio de referencia de US$3,5 millones.

En cuanto a las valuaciones, los establecimientos de General Pinedo se ubican entre 1,2 y 1,9 veces por encima del valor estimado de remate, mientras que su precio de referencia representa entre el 18% y el 19% del valor de mercado. Para la planta de Bandera, la relación se encuentra entre 2,7 y cuatro veces el valor de remate, equivalente a entre el 40% y el 44% de su valuación de mercado.

El cuarto lote está compuesto por un inmueble destinado a oficinas y depósito, situado en Luis Sáenz Peña 1066/74, en la Ciudad de Buenos Aires. Su precio base fue establecido en US$1,75 millones. El quinto corresponde al predio de la exdesmotadora de El Colorado, en Formosa, cuya valuación deberá ser determinada por la Sindicatura.

Más allá de los valores económicos, la resolución establece que la continuidad productiva y la preservación del empleo tendrán un peso relevante al momento de seleccionar las ofertas. El juzgado señaló que tanto la hilandería como las desmotadoras presentan posibilidades de continuidad y desarrollo, aunque requieren distintas condiciones operativas e inversiones.

En el caso de la planta de Reconquista, uno de los principales desafíos identificados es concretar inversiones que permitan ampliar la producción, reducir los costos energéticos y mejorar la rentabilidad.

El esquema de evaluación también contempla la existencia de planes operativos que permitan conservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. La resolución aclara que ese criterio no representa una obligación de mantener la totalidad de la nómina, pero sí busca preservar las fuentes laborales y sostener una actividad industrial considerada relevante para la región.

En ese marco, la prioridad del proceso será encontrar un comprador que pueda adquirir de manera integral las unidades productivas y garantizar su funcionamiento, procurando mantener la cadena industrial que conecta las tareas de desmote con las de hilado.

Si no aparece una propuesta que contemple la compra conjunta de todas las plantas, se avanzará con las ofertas individuales, teniendo en cuenta los criterios establecidos para la adjudicación y la satisfacción de los acreedores.

Algodonera Avellaneda cuenta con más de 300 trabajadores, por lo que la definición sobre el destino de sus instalaciones tendrá consecuencias tanto para la actividad industrial como para el empleo en las localidades donde funcionan sus establecimientos.