Malvinas: un tribunal internacional escuchará el reclamo argentino para frenar la explotación petrolera británica
La delegación argentina solicitará que el organismo disponga medidas provisionales para suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. También reclamará que las empresas involucradas no puedan utilizar la información obtenida durante las tareas exploratorias, que se garantice la protección del medio marino y que el Reino Unido se abstenga de adoptar decisiones que profundicen la disputa.
El planteo se apoya en la posición argentina de que existe una controversia de soberanía sobre las islas y que, mientras esa situación permanezca sin resolver, no corresponde avanzar unilateralmente sobre la explotación de sus recursos naturales.
La estrategia del Ejecutivo apunta, en una primera instancia, a que el tribunal se declare competente y ordene la suspensión de las actividades que desarrollan las petroleras Rockhopper, del Reino Unido, y Navitas, de Israel, en la zona de Malvinas.
Por su parte, el gobierno británico sostendrá que el proyecto Sea Lion cumple con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en 1982. Además, defenderá las actividades petroleras bajo el argumento de la autodeterminación de los habitantes de las islas.
La instancia judicial estará a cargo de un tribunal integrado por 21 magistrados de distintas regiones del mundo: siete europeos, cinco asiáticos, cinco africanos y cuatro representantes de América Latina y el Caribe. Entre estos últimos se encuentra la argentina Frida Armas Pfirter, quien ocupa la vicepresidencia del organismo desde octubre y forma parte de la institución desde 2023.
La presidencia está a cargo del camerunés Maurice Kamga. También participará en el proceso el profesor emérito Vaughan Lowe, designado por el Reino Unido como juez ad hoc antes del comienzo de las audiencias.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fue creado en 1995, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su función es resolver controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de ese tratado. Sus integrantes deben contar con reconocida imparcialidad, integridad y conocimientos en materia de derecho marítimo.
Los jueces son postulados por los Estados que forman parte de la Convención, pero una vez elegidos actúan de manera independiente y no representan a los gobiernos que impulsaron sus candidaturas. Las elecciones se realizan cada tres años mediante voto secreto en Nueva York, entre los 172 Estados parte del tratado.
Argentina tuvo otros dos representantes en el organismo antes de la actual magistrada: Hugo Caminos, quien integró el tribunal entre 1996 y 2011, y Elsa Kelly, exvicecanciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que ocupó una magistratura entre 2011 y 2020.
El tribunal tiene sede permanente en Hamburgo y requiere un mínimo de 11 jueces para sesionar. Sin embargo, únicamente su presidente y el secretario deben residir de manera permanente en esa ciudad. Además, cuenta con distintas salas especializadas, entre ellas la de Controversias de los Fondos Marinos.
Estados Unidos no forma parte de la Convención sobre el Derecho del Mar y, por ese motivo, no puede presentar candidatos para integrar el organismo. China, en cambio, cuenta con representación judicial desde la creación del tribunal.
Uno de los antecedentes más importantes para la Argentina ocurrió en 2012, cuando el Gobierno recurrió a este organismo por la retención de la Fragata ARA Libertad en Ghana. El buque había quedado detenido por una orden judicial impulsada a partir de un reclamo de fondos acreedores de la deuda argentina.
En aquella oportunidad, el tribunal aceptó intervenir y ordenó la liberación de la embarcación en poco más de un mes, lo que permitió su regreso al país.
La institución también intervino en otros conflictos internacionales. En 2012 resolvió una controversia marítima entre Bangladesh y Myanmar, que derivó en la primera delimitación de fronteras marítimas realizada por el organismo.
Un año después, dispuso medidas provisionales en el caso del buque Arctic Sunrise, perteneciente a Greenpeace y con bandera de Países Bajos. La embarcación había sido detenida por Rusia luego de una protesta contra las perforaciones petroleras en el Ártico. El tribunal ordenó su liberación.
En cuanto al procedimiento por Malvinas, las audiencias de noviembre estarán centradas inicialmente en el pedido de medidas cautelares presentado por la Argentina a través de la Cancillería. El planteo incluye la suspensión de las actividades petroleras, la preservación del ambiente marino y la prohibición de adoptar medidas que puedan agravar el conflicto de soberanía.
El Reino Unido, por su parte, buscará sostener que el proyecto se ajusta a las normas internacionales y que las autoridades de las islas tienen derecho a impulsar el desarrollo de sus recursos naturales.
Si el tribunal considera que tiene competencia para intervenir, podría resolver sobre las medidas provisionales antes de finalizar el año. Sin embargo, esa decisión no implicaría una resolución definitiva sobre la soberanía ni sobre la legalidad de todas las actividades petroleras.
Una eventual discusión de fondo deberá tramitarse ante un tribunal arbitral previsto en el anexo VII de la Convención del Derecho del Mar, que estará integrado por siete miembros y todavía no fue constituido. Ese procedimiento podría extenderse durante varios años antes de alcanzar una sentencia definitiva.
