Presupuesto 2027: el Gobierno busca dictaminar el proyecto el 28 de octubre y crecen los cruces con la oposición
El primer encuentro de la comisión de Presupuesto, encabezada por el diputado libertario Alberto Benegas Lynch, comenzó a las 12 con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Durante su presentación, el funcionario descartó que la economía entre en recesión durante el tercer trimestre y defendió los principales lineamientos de la gestión de Javier Milei.
El proyecto contempla una inflación interanual acumulada del 18% hasta diciembre de 2027 y un tipo de cambio mayorista de referencia de $1.847 para el cierre de ese año. También prevé un superávit financiero equivalente al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un resultado primario positivo del 1,3%.
Al exponer los fundamentos de la iniciativa, Guberman destacó el superávit financiero, el saneamiento del Banco Central, el levantamiento del cepo cambiario y la reducción de impuestos. Además, repasó las dificultades que, según planteó, enfrentó el Gobierno al asumir en diciembre de 2023, entre ellas los elevados niveles de inflación, el déficit fiscal y las restricciones para acceder al financiamiento externo.
Uno de los puntos centrales de la presentación fue el financiamiento de las políticas destinadas a personas con discapacidad. El secretario aseguró que el Presupuesto contempla la cobertura del 100% de las partidas que demande esa área, en medio de las objeciones opositoras sobre una posible reducción de recursos para la emergencia en discapacidad. La afirmación fue recibida con aplausos por parte de los legisladores oficialistas.
La diputada de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó las proyecciones económicas y puso el foco en la diferencia entre las estimaciones presupuestarias anteriores y la evolución efectiva de los precios. También recordó que el Presidente suele anticipar que la inflación llegará a cero y le pidió al funcionario que precisara si esa meta estaba contemplada en las previsiones actuales.
Strada también objetó las estimaciones de crecimiento económico y sostuvo que las proyecciones previas no se habían cumplido. Durante el intercambio, consultó a Guberman si el Gobierno preveía una recesión en el tercer trimestre. El secretario respondió negativamente con un gesto, lo que llevó a la legisladora a pedir que quedara asentada su afirmación. La diputada cuestionó la consistencia de los datos oficiales y sostuvo que el Ejecutivo contaría con indicadores que mostrarían una contracción de la actividad. Al responder, el funcionario no contestó de manera directa los planteos formulados.
La discusión sobre discapacidad también fue retomada por la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz, quien reclamó precisiones sobre la posición del Gobierno frente a la emergencia del sector. La legisladora preguntó si la intención era dejar sin efecto esa política o incorporar los recursos correspondientes al Presupuesto, tal como se había establecido en el tratamiento en comisión.
Tolosa Paz también cuestionó el destino de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Señaló que los fondos no se estarían utilizando para obras viales en la proporción prevista por la normativa y preguntó en qué instrumentos financieros se colocan los recursos que no se destinan a infraestructura. Según afirmó, más de la mitad de esos fondos se deriva a operaciones financieras para sostener el equilibrio fiscal.
En respuesta, Guberman sostuvo que existen trabajos viales en ejecución y mencionó que la Dirección Nacional de Vialidad contempla 28.445 kilómetros para tareas de mantenimiento y construcción, con intervenciones que abarcan más de 1.000 kilómetros de nuevas rutas.
El empleo registrado fue otro de los ejes del debate. Ante una consulta del diputado peronista Carlos Castagneto sobre la caída del trabajo formal, el secretario de Hacienda aseguró que no existe destrucción de empleo y afirmó que los aportes y contribuciones continuarán creciendo.
Antes de la exposición, Unión por la Patria había reclamado la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para que respondiera directamente las preguntas de los legisladores. El diputado neuquino Pablo Todero consideró necesario que compareciera el funcionario responsable de las decisiones económicas.
Benegas Lynch rechazó el planteo y defendió la participación de los representantes técnicos del Ministerio de Economía en las reuniones informativas. Según sostuvo, los secretarios y subsecretarios habían respondido satisfactoriamente las consultas formuladas en los debates que encabezó desde que asumió la presidencia de la comisión. El legislador dejó abierta la posibilidad de convocar a Caputo si quedaran cuestiones pendientes, aunque el ministro no participó hasta ahora de las reuniones de comisión mencionadas.
En paralelo, la bancada opositora presentó un reclamo formal al Poder Ejecutivo por el financiamiento universitario. La nota, dirigida al jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostiene que el proyecto presupuestario no garantiza los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
El presidente del bloque, Germán Martínez, reclamó que se cumpla el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N.º 11 y que se incrementen las partidas previstas para las universidades. Además, propuso que los fondos necesarios se compensen con reducciones en los créditos de la Jurisdicción 91, correspondientes a las obligaciones a cargo del Tesoro, sin modificar el resultado financiero proyectado para 2027.
El planteo se realizó en la antesala de una nueva marcha universitaria convocada para este jueves en las inmediaciones del Congreso, en medio de las diferencias entre el Gobierno y la oposición por el financiamiento de la educación superior.
El cronograma de tratamiento continuará este miércoles a las 10, con la presentación del secretario de Trabajo, Julio Cordero. Para el próximo martes está prevista la participación de un funcionario del área de Educación, aunque todavía no se informó su identidad. Además, se programó una nueva reunión informativa para el 27 de octubre, mientras que el oficialismo apunta a conseguir el dictamen al día siguiente.
La intención de llevar el proyecto al recinto durante la semana del 20 de noviembre plantea un desafío para el calendario parlamentario. La actividad de la Cámara baja podría verse interrumpida por la eventual visita del papa León XIV, cuya realización fue puesta en duda, y por las elecciones en Estados Unidos, a las que fueron invitados diputados de distintos bloques.
Como las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre, el cronograma oficialista podría obligar al Ejecutivo a extender ese período o convocar a sesiones extraordinarias. El objetivo es permitir que el Senado complete el tratamiento y avance con la sanción definitiva del Presupuesto 2027.
