Dólares en 2027: las proyecciones del Gobierno, la demanda privada y los riesgos de financiamiento
El interrogante no pasa solamente por cuántos dólares ingresarán al país, sino también por cuándo estarán disponibles, quiénes podrán acceder a ellos y qué recursos tendrá el Gobierno para afrontar los compromisos financieros. Aunque algunas obligaciones pueden anticiparse, la demanda privada dependerá de las expectativas, la evolución de los ingresos y el clima político.
Para evaluar ese escenario es necesario considerar tres variables: los dólares generados por el comercio exterior, las reservas disponibles y las fuentes de financiamiento. Se trata de recursos diferentes, que no pueden sumarse sin distinguir su naturaleza y su posibilidad concreta de utilización.
Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) contemplan exportaciones por aproximadamente US$ 105.334 millones en 2027, equivalentes a un promedio de US$ 8.778 millones mensuales. Sin embargo, los ingresos no se distribuyen de manera uniforme durante el año y pueden variar según los precios internacionales y el nivel de producción local, condicionado, entre otros factores, por el clima.
Además, exportar no significa disponer inmediatamente de los dólares. Los cobros pueden concretarse en fechas posteriores a las ventas, por lo que las estimaciones comerciales permiten dimensionar la capacidad de generación de divisas, pero no determinan con exactitud cuánto dinero ingresará al mercado cambiario en cada período.
Del lado de las importaciones, el escenario prevé operaciones por US$ 82.260 millones. De esta manera, el saldo comercial positivo alcanzaría los US$ 23.074 millones. No obstante, ese resultado no garantiza por sí mismo el equilibrio cambiario, ya que también deben contemplarse las compras de moneda extranjera por parte de las familias y los pagos de deuda.
La demanda privada es una de las variables más difíciles de proyectar. Depende de los ingresos, el precio del dólar, las alternativas de inversión en pesos y, especialmente, de la confianza en el programa económico.
Los antecedentes muestran la magnitud que puede alcanzar ese comportamiento en períodos de incertidumbre. En octubre de 2019, después de las PASO y durante el mes electoral, las compras netas de moneda extranjera por parte de las personas sumaron US$ 4.285 millones. De ese total, US$ 3.920 millones correspondieron a billetes y US$ 365 millones a otras operaciones, según datos del Banco Central. Actualizado a valores actuales, ese monto equivaldría a unos US$ 5.100 millones.
Tras el levantamiento del cepo cambiario en abril de 2025, las compras mensuales promediaron US$ 2.532 millones entre abril y diciembre de ese año. En 2026, el promedio descendió a US$ 2.193 millones mensuales.
Con esos antecedentes y un tipo de cambio real que, en promedio, se ubica en niveles bajos en términos históricos, una estimación plantea una demanda privada cercana a los US$ 3.200 millones por mes. Si ese ritmo se mantuviera durante doce meses, las compras alcanzarían los US$ 38.400 millones anuales.
Una eventual apreciación del peso podría facilitar el acceso a divisas, dado que los ingresos en moneda local permitirían adquirir más dólares. Sin embargo, la cotización no es el único factor determinante: si los instrumentos en pesos ofrecen rendimientos atractivos y se sostiene la confianza en el rumbo económico, las decisiones de ahorro podrían ser diferentes. La evolución de estas variables a medida que se aproximen las elecciones será determinante.
A esa demanda se suman los vencimientos de deuda, estimados por el Gobierno en US$ 24.900 millones. Si se agregan las importaciones previstas y las compras privadas de dólares, las necesidades totales ascenderían a US$ 145.560 millones, frente a ingresos por exportaciones de US$ 105.334 millones.
La diferencia arroja un saldo negativo de US$ 40.226 millones, que debería cubrirse mediante distintas fuentes de financiamiento. Sin embargo, ese cálculo no significa que necesariamente falten físicamente esa cantidad de dólares en el país. Se trata de una estimación de las presiones potenciales sobre la oferta comercial, que no contempla de manera automática todos los movimientos financieros ni el destino final de las divisas adquiridas por el sector privado.
Por ejemplo, una parte de los dólares comprados por las familias puede permanecer depositada en el sistema financiero local. Del mismo modo, la refinanciación de vencimientos de capital puede reducir los desembolsos inmediatos, aunque no represente un ingreso nuevo de divisas.
Para cubrir los compromisos de deuda de 2027, el Gobierno presentó en julio un esquema financiero que incluye distintas fuentes de recursos. El programa contempla un saldo de US$ 3.700 millones correspondiente al financiamiento de 2026, compras al Banco Central por US$ 4.900 millones y refinanciaciones dentro del sector público por US$ 1.800 millones.
A esos recursos se suman desembolsos previstos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 1.700 millones, otros organismos internacionales por US$ 4.200 millones, emisiones de deuda en el mercado local por US$ 5.000 millones, otras fuentes por US$ 2.000 millones y privatizaciones por US$ 1.500 millones.
Aunque el total anunciado asciende a US$ 24.900 millones, la suma de los conceptos detallados alcanza los US$ 24.800 millones. El esquema combina financiamiento, renovación de obligaciones, transferencias dentro del sector público y ventas de activos, mecanismos que tienen efectos diferentes sobre la disponibilidad de divisas.
La diferencia entre los recursos proyectados y los efectivamente obtenidos constituye uno de los riesgos del programa. Si no se concretaran las emisiones locales por US$ 5.000 millones y las privatizaciones generaran menos ingresos de los previstos, el faltante podría llegar a US$ 6.500 millones. Como antecedente, la venta de AySA, que buscaba recaudar US$ 500 millones, terminó reportando US$ 340 millones.
Ese posible desvío no debe sumarse al déficit de US$ 40.226 millones como si se tratara de una nueva obligación independiente. Los pagos de deuda ya están incluidos en ese cálculo, por lo que ambas cifras representan distintas formas de evaluar los riesgos del escenario financiero.
Incluso si se cubrieran los compromisos contemplados en el programa del Tesoro, las proyecciones todavía dejan una necesidad de financiamiento de US$ 15.326 millones. En ese punto cobra relevancia la capacidad de intervención del Banco Central, conocida en el debate económico como la «bazuca» o la «billetera» de la autoridad monetaria.
El equipo económico calcula esa capacidad en US$ 75.000 millones, a partir de cuatro componentes: US$ 20.000 millones del swap con China, US$ 20.000 millones del acuerdo de intercambio de monedas con Estados Unidos, US$ 15.000 millones de capacidad potencial de intervención en el mercado de futuros y US$ 20.000 millones en reservas del Banco Central.
Sin embargo, esos instrumentos no son equivalentes. El monto nominal de los recursos no determina por sí solo cuántos dólares pueden utilizarse efectivamente para afrontar pagos externos o intervenir en el mercado cambiario.
Una estimación alternativa ubica la capacidad real de intervención en US$ 35.899 millones, una cifra inferior en US$ 39.101 millones a la calculada por el equipo económico. La diferencia refleja la discusión sobre qué parte de los recursos anunciados está verdaderamente disponible y bajo qué condiciones puede utilizarse.
Los acuerdos de intercambio de monedas pueden aportar liquidez, pero están sujetos a condiciones de activación, uso y devolución. Por eso, no equivalen automáticamente a reservas de libre disponibilidad. Para evaluar su aporte es necesario conocer su estado, las condiciones de acceso y los posibles destinos de los fondos.
Algo similar ocurre con los contratos de futuros. Estas operaciones no representan dólares depositados en una cuenta y, cuando se liquidan en pesos, pueden influir sobre las cotizaciones y las expectativas, pero no generan las divisas necesarias para pagar importaciones o vencimientos externos. Además, pueden ocasionar pérdidas si el tipo de cambio evoluciona en sentido contrario a la posición tomada.
La misma precaución corresponde a las estimaciones que sitúan los recursos potenciales en US$ 125.000 millones. Sumar reservas, líneas de crédito, superávit comercial e inversiones previstas puede llevar a combinar recursos existentes con ingresos futuros y financiamiento potencial. Si el saldo comercial ya está contemplado en las exportaciones y las importaciones, volver a incorporarlo implicaría contabilizarlo dos veces.
El costo del financiamiento también puede modificar el escenario. El programa financiero del Tesoro se elaboró sobre la base de datos y estimaciones anteriores al reciente aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Un encarecimiento del crédito internacional tiende a elevar el costo de endeudarse en dólares, aunque una eventual reducción del riesgo país argentino podría compensar parcialmente ese efecto.
Ante condiciones financieras menos favorables, el Tesoro podría aceptar tasas más elevadas, buscar alternativas o postergar colocaciones. Si decide no convalidar el costo del financiamiento, deberá reemplazar los recursos previstos o cubrir las necesidades con otras fuentes disponibles.
También será determinante el calendario de los ingresos y los pagos. Las exportaciones pueden concentrarse en determinados meses, mientras que los vencimientos de deuda tienen fechas establecidas y la demanda privada de dólares podría intensificarse en la antesala electoral. Por eso, un balance anual aparentemente manejable no descarta episodios de tensión cambiaria durante períodos específicos.
El desafío de 2027 será generar divisas, asegurar el financiamiento y disponer de liquidez en los momentos en que coincidan las distintas necesidades. La sostenibilidad del esquema dependerá no solo de los montos anunciados, sino también de la disponibilidad efectiva de los recursos y de la posibilidad de renovar obligaciones a un costo que la economía pueda afrontar.
