El Gobierno informó más de 20.000 rechazos y expulsiones de extranjeros desde diciembre de 2025
Según explicó Ravier durante su conferencia de prensa semanal, el 72,3% de los casos corresponde a personas que intentaron ingresar a la Argentina y fueron rechazadas o no admitidas. Entre los ciudadanos alcanzados por estas medidas predominan los provenientes de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia.
El funcionario también detalló que el 84,2% de las expulsiones corresponde a personas extraditadas o alcanzadas por alertas rojas de Interpol. Dentro del total informado se incluyen además casos de extranjeros que, por distintos motivos, no cumplían con los requisitos establecidos para ingresar al país.
Ravier vinculó estas cifras con los cambios implementados por el Gobierno en materia migratoria y señaló que, hasta diciembre de 2023, los controles en las fronteras nacionales presentaban mayores dificultades.
La explicación surgió luego de que Javier Milei afirmara que cerca de 30.000 personas consideradas “terroristas” habían sido impedidas de ingresar o permanecer en la Argentina. Consultado por la diferencia entre esa cifra y los 20.630 casos incluidos en el informe del Ministerio de Seguridad, el vocero explicó que el Presidente incorporó otros 10.000 casos correspondientes a personas que habían sido rechazadas o expulsadas antes del período analizado.
El informe mencionado por Ravier fue elaborado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.
Consultado sobre si todas las personas contabilizadas habían cometido actividades terroristas o pertenecían a organizaciones de ese tipo, el vocero evitó identificar agrupaciones o investigaciones específicas. Explicó que dentro del conjunto existen posibles amenazas a la seguridad nacional, personas alcanzadas por alertas de Interpol y extranjeros que simplemente no cumplen con las condiciones necesarias para ingresar al territorio.
Ravier sostuvo que el objetivo de las medidas es reforzar los controles fronterizos y evitar el ingreso o permanencia de personas que no reúnan los requisitos establecidos por las autoridades.
