El Gobierno defiende las compras de alimentos en Olivos mientras la Justicia analiza una denuncia
La administración nacional elaboró comparaciones con contrataciones de años anteriores y con los pedidos efectivamente realizados. Uno de los argumentos utilizados es que algunos de los períodos tomados como referencia corresponden a la pandemia, cuando la presencialidad en las dependencias oficiales era considerablemente menor.
Actualmente, alrededor de 2.000 personas trabajan en la Casa Rosada y unas 1.300 utilizan diariamente el servicio de comida. En la Quinta de Olivos, en tanto, se calculan aproximadamente 130 comensales por cada uno de los dos servicios diarios, con un total estimado de 260 comidas.
La diferencia entre una orden de compra abierta y una solicitud de provisión constituye uno de los ejes de la respuesta oficial. Mientras la primera establece un máximo para un período determinado, la segunda refleja la cantidad que efectivamente se requiere. Cada pedido debe contar con disponibilidad presupuestaria y genera el correspondiente compromiso.
Los datos presentados por el Gobierno incluyen compras de carnes, frutas, verduras y bebidas. En el caso de la carne destinada a la Casa Rosada, una orden de 2021 contemplaba 28.817 kilos, mientras que en 2025 se establecieron 17.890 kilos y se solicitaron finalmente 17.700. Para Olivos, la comparación muestra 8.676 kilos en 2021 frente a una orden de 7.470 kilos en 2026, de los cuales se solicitaron 6.229.
La administración nacional también pone el foco en la diferencia entre los períodos de trabajo remoto y el actual nivel de presencialidad para explicar las variaciones en las cantidades contratadas.
La discusión se desarrolla mientras una denuncia presentada por una diputada cuestiona las cantidades de alimentos contratadas para la residencia presidencial y plantea la posibilidad de que parte de esos productos haya sido desviada hacia un emprendimiento privado vinculado con personas del entorno de Olivos. El expediente se encuentra en trámite ante el Juzgado Federal N° 12.
La denuncia puso especial atención sobre las cantidades de carne y sostuvo que, al compararlas con el número de personas que utilizan el servicio de comida, los volúmenes destinados a la residencia resultarían excesivos. El Gobierno rechaza esa interpretación y sostiene que la comparación debe hacerse entre los productos efectivamente solicitados y los máximos establecidos en las órdenes de compra.
En paralelo, la controversia por las compras se produjo en medio de una reorganización de la Quinta de Olivos. El Gobierno dispuso que la residencia quedara bajo el mando de la Casa Militar, que pasó a tener un papel más relevante en su funcionamiento. Sebastián Ibáñez, jefe de Casa Militar, asumió mayores responsabilidades sobre la Quinta.
Los cambios también derivaron en modificaciones dentro del personal. María Belén Agudiez, hasta entonces subsecretaria de Planificación General y colaboradora de Karina Milei, presentó su renuncia después de haber gestionado desplazamientos de personal. Entre ellos estuvo el intendente de la Quinta, Sosa, quien fue despedido.
El Gobierno, a su vez, decidió reincorporar al personal civil que había sido desplazado inicialmente, aunque eso no implica necesariamente que todos regresen a las mismas funciones que cumplían anteriormente. De acuerdo con la información aportada, las salidas confirmadas fueron las de Sosa y Agudiez.
La situación también generó versiones contrapuestas dentro de la propia administración sobre el funcionamiento de la residencia, el manejo de los alimentos y las filtraciones de información. Desde el entorno de Karina Milei se rechazaron algunas de esas versiones y se sostuvo que desde junio de 2025 hay personal militar asignado a la cocina. También se negó que Analía Agudiez, hermana de María Belén Agudiez, haya trabajado como cocinera y se afirmó que el emprendimiento familiar mencionado en las denuncias solamente ofrecía desayunos y no servicios de catering.
En otros sectores del Gobierno circularon acusaciones diferentes, entre ellas una que señala al intendente de la Quinta y a su esposa por un presunto desvío de alimentos hacia un emprendimiento privado. También surgieron versiones sobre ingresos de personal a la residencia y filtraciones atribuidas a empleados civiles. Ninguna de esas acusaciones fue acreditada.
Las filtraciones sobre la vida cotidiana en Olivos también aparecen como un elemento de tensión interna. Según las versiones que circulan dentro de la Casa Rosada, Javier Milei manifestó en distintas oportunidades su disconformidad con la comida de la residencia y sospecharía que parte de la información que trasciende proviene de empleados civiles.
En ese contexto también comenzaron a circular nombres sobre posibles cambios y nuevos roles dentro del esquema de Olivos. Mara Gorini aparece mencionada como una funcionaria que podría adquirir mayor relevancia, aunque las versiones sobre su eventual participación no fueron confirmadas.
Otro de los nombres que tomó importancia en la nueva estructura es el de Mario “Marito” Suli, asistente personal del Presidente y residente en la Quinta. Dentro de la Casa Rosada se lo menciona como una posible figura de enlace entre la Casa Militar y la operación cotidiana de la residencia. También aparece Santiago Caputo, a quien algunas versiones internas vinculan con Suli y con preocupaciones por las filtraciones en Olivos.
Así, la discusión sobre las compras de alimentos quedó atravesada por dos planos. Por un lado, el Gobierno sostiene que las cantidades denunciadas no reflejan necesariamente el consumo real porque las órdenes de compra abiertas establecen máximos. Por otro, la denuncia judicial plantea dudas sobre los volúmenes adquiridos y su eventual destino.
La determinación sobre si existieron irregularidades quedará sujeta al avance de la investigación judicial, mientras el Gobierno sostiene su explicación sobre el mecanismo de contratación y avanza con la reorganización del funcionamiento de la Quinta de Olivos.
