ATE anunció un paro de trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas y una movilización al Ministerio de Defensa
La medida se produce en un contexto de deterioro de los ingresos de los trabajadores civiles vinculados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Según indicó el sindicato, existen versiones sobre una posible recomposición salarial para el personal de Defensa, que contemplaría un incremento de $100.000 distribuido en tres cuotas y que se completaría en diciembre.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la situación salarial alcanzó un punto crítico y afirmó que la mayoría de los trabajadores de las Fuerzas Armadas se encuentra en condiciones económicas comprometidas y con niveles de endeudamiento.
La protesta abarcará al personal administrativo, técnico, docente y de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La concentración será en la Plaza de Armas del Ministerio de Defensa, ubicada en Azopardo 250, en la Ciudad de Buenos Aires.
El principal reclamo del sindicato es la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias. ATE sostiene que los salarios actuales no alcanzan para afrontar los gastos esenciales de alimentación, vivienda y servicios y que esta situación llevó a numerosas familias a recurrir al endeudamiento.
Los haberes del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se determinan de acuerdo con el nivel y la antigüedad, a partir de una Unidad Retributiva cuya actualización se establece mediante negociación paritaria, en el marco del Decreto 2539/15. De acuerdo con los datos difundidos por ATE, en julio los salarios básicos se ubicaron alrededor de los $402.396, aunque el monto varía según la categoría.
El sindicato también señaló que la pérdida del poder adquisitivo estaría provocando un incremento de las licencias psiquiátricas vinculadas con depresión y agotamiento. A esto se suma, según la organización, la salida de profesionales de hospitales militares y del sistema de educación civil, donde algunas vacantes no logran cubrirse por la falta de salarios considerados competitivos.
El conflicto salarial se intensificó luego de que se conociera que desde el Edificio Libertador se habían elevado cinco propuestas de recomposición al Ministerio de Economía, que finalmente fueron rechazadas.
La situación también alcanza al personal militar. El jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, reconoció la preocupación por los ingresos y señaló que un primer teniente percibe actualmente entre $1,3 millones y $1,5 millones.
A esto se suma la salida de más de 18.000 efectivos durante la gestión de Javier Milei y las dificultades para retener personal especializado cuya formación demanda años de preparación y una importante inversión estatal.
El reclamo sindical se produce poco después de que el Presidente destacara los resultados de su gestión en materia de Defensa. Durante el acto por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, Milei sostuvo que durante años el instrumento militar argentino había sido “demonizado y desfinanciado”.
El Gobierno también plantea la necesidad de contar con Fuerzas Armadas equipadas y preparadas para responder ante amenazas externas y proteger los intereses nacionales, en paralelo con la incorporación de aviones F-16 y otros equipamientos. Sin embargo, continúan los reclamos por los salarios, la situación de la obra social y las versiones sobre una posible reducción del personal civil del Ministerio de Defensa.
ATE también cuestionó el cierre y traslado de la Base Aeronaval Punta Indio. Según el sindicato, la medida comprometería la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares. Además, advirtió que una reducción de las actividades de la base tendría impacto sobre la actividad económica y social de Punta Indio y Verónica, localidades que en conjunto reúnen a más de 14.000 habitantes.
Desde el gremio rechazaron el traslado de la base y señalaron que sus consecuencias alcanzarían tanto a los trabajadores y sus familias como a la estructura económica y social de la región.
Por último, ATE reclamó una investigación sobre la situación financiera de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), anteriormente denominada IOSFA, y afirmó que su deuda supera los $223.000 millones. El sindicato sostiene que esta situación afecta las prestaciones destinadas a los trabajadores civiles, el personal militar y sus familias.
