La Academia Nacional de Ciencias expresa su inquietud por la fuga de talentos y critica las políticas gubernamentales en el ámbito científico
“La ciencia y la tecnología son políticas de Estado cuya continuidad va más allá de los gobiernos. El deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas pone en riesgo el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación de nuestro país”, afirma la institución en el comunicado fechado el 3 de julio.
En su declaración, la Academia destaca dos situaciones que considera particularmente preocupantes. Primeramente, critica la falta de renovación de numerosos contratos en la CNEA, señalando que esto evidencia “una vez más, la falta de valorización gubernamental hacia el sector”.
Al respecto, resalta la importancia histórica de la institución en el avance nuclear argentino. “La CNEA es una de las entidades más prestigiosas de Argentina; su desarrollo nuclear nos ha permitido integrarnos a un selecto grupo internacional, destacando no solo en la generación de energía, sino también en sus aplicaciones para la salud pública. El desmantelamiento de la CNEA, motivado por salarios inadecuados, contribuye al desgaste general del sistema”, declaró.
El segundo aspecto que menciona la Academia es la paralización de los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del CONICET. Según el comunicado, esta decisión “interrumpe de manera abrupta más de diez años de formación universitaria de alta calidad, dejando a doctores altamente calificados sin empleo y propiciando una significativa fuga de cerebros”.
Asimismo, añadió que el panorama se ve agravado por la “eliminación de subsidios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que es un pilar fundamental de la ciencia básica y aplicada”.
El documento también expresa un enérgico rechazo a las acciones policiales implementadas durante las manifestaciones en la CNEA. “Repudiamos enérgicamente la represión policial y de gendarmería ejercida contra científicos y técnicos. Estas imágenes, que evocan las etapas más oscuras de nuestra historia, no deberían repetirse en democracia”, dice el comunicado.
El vicepresidente de la Academia, Galo Soler Illia, amplió la postura del comunicado al afirmar que el sistema científico enfrenta una crisis considerable. “La ciencia ha sido agredida en los últimos dos años y medio de forma injustificada. Se nos considera ineptos, se nos acusa de no aceptar auditorías y de estudiar temas irrelevantes”, comentó.
El investigador también mencionó la disminución del poder adquisitivo de los científicos. “Estamos un 40% o 45% por debajo de la situación que teníamos en noviembre de 2023, en términos de salarios”, añadió. Asimismo, indicó que “los jóvenes investigadores ganan menos que la línea de pobreza”, a pesar de haber dedicado entre diez y quince años a su formación y haber superado concursos para ingresar al CONICET.
Además de las dificultades salariales, Soler Illia expresó que los grupos de investigación enfrentan obstáculos para llevar adelante sus proyectos. “En estos últimos dos años y medio no se ha otorgado prácticamente ningún recurso para realizar investigaciones. Un investigador necesita tanto su salario como financiamiento para llevar a cabo sus trabajos”, afirmó.
De acuerdo a su análisis, esta situación impacta directamente en la continuidad laboral de los investigadores más jóvenes. “La motivación de los investigadores jóvenes, que son muy competitivos y trabajan arduamente, es prácticamente inexistente. Entonces, se van”, dijo.
Consultado sobre la magnitud de esta problemática, indicó que “se habla de unos dos mil investigadores jóvenes que se han ido, como una estimación. No creo que exista una medición exacta de esto. Sin embargo, tanto los que han pedido licencia como aquellos que han abandonado el CONICET rondan esa cifra”. Posteriormente, resumió: “Es un éxodo”.
El científico también criticó que las decisiones oficiales no hayan sido respaldadas por el asesoramiento de las instituciones pertinentes. “Contamos con alrededor de diez académicos que forman parte de la Comisión de Energía Atómica, y nunca han sido consultados para la toma de decisiones”, concluyó.
Al final del comunicado, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales reafirmó su “compromiso con el desarrollo nacional” y ofreció “sus capacidades consultivas para colaborar en una urgente valorización y reorientación de las políticas públicas del sector”.
