En Ciudad de Buenos Aires el 92% de los abortos no punibles se realizó con medicamentos

El 92% de las interrupciones legales del embarazo (ILE) que se practicó el año pasado en la ciudad de Buenos Aires se realizó con medicamentos, reveló el informe “El aborto en cifras” que presentó la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas).

Son escasas las jurisdicciones que sistematizan y publican información sobre acceso a la ILE, por eso las cifras se centraron en Ciudad y provincia de Buenos Aires, Rosario, La Pampa, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos y Río Negro, que son las que ofrecen registros.

Los datos más recientes son de territorio bonaerense donde se realizaron 5.028 prácticas en el primer semestre de este año.

La Pampa contabilizó 100 entre el 20 de marzo y el 14 de julio último, mientras que el año pasado informó un total de 600 interrupciones legales.

En CABA, las últimas estadísticas oficiales son de 2019 con 8.388 ILEs, de los cuales “el 92% se realizó con medicamentos” y en relación a la franja etaria informó que “el 55% de las mujeres tenían entre 20 y 29 años” y que “el 14% eran menores de 20 años”.

Neuquén también tiene registros del año pasado con 200 ILEs, y Río Negro contabilizó, en el mismo periodo, 163 en Bariloche y 78 en General Roca.

Las otras ciudades y provincias registraron las prácticas de 2018: en Rosario 1.312; en Santa Fe, 2.138 y en Entre Ríos, 500.

Rosario, en el informe de gestión 2011-2019 resaltó que “gracias a la aplicación del protocolo de ILE” logró la reducción de internaciones por aborto: de 450 en 2009 a 202 en 2018.

Lo más destacable del informe es que no hubo muertes maternas por complicaciones en abortos.

El informe también relevó que 15 provincias adhieren al protocolo nacional para realizar abortos legales de Nación.

Se trata de Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos. Chaco, Buenos Aires, CABA, Catamarca, La Pampa, Río Negro y Chubut.

En tanto, cuatro provincias (Córdoba, Mendoza, Neuquén y Misiones) tienen protocolo propio y Formosa, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y San Juan, no cuentan con esa guía de procedimiento.

En el documento elaborado por las investigadoras Mariana Romero y Silvina Moisés también se sistematizaron las últimas cifras disponibles sobre morbilidad y mortalidad: “como indicadores que dan cuenta del daño de la falta de acceso al derecho al aborto”, destacaron las profesionales

De acuerdo con datos oficiales, identificaron que en el trienio 2016-2018, 459 mujeres murieron por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio; 65 de ellas estuvieron relacionadas con el aborto.

“Estas muertes representan el 15% del total de las muertes maternas. 9 de las muertes por aborto fueron de adolescentes de entre 15 y 19 años y casi la mitad en mujeres de 20 a 29 años”, destacó el informe.

Además, incorporó la realidad del embarazo en la niñez, ya que el país , entre 2016 y 2018, fueron 7.262 niñas entre 10 y 14 años las que tuvieron un parto, 20 de cada 10 de estos embarazos fueron no intencionales.

“El embarazo a término en estas edades cuadriplica el riesgo de muerte durante el embarazo, y aumenta el riesgo de complicaciones como eclampsia, hemorragia posparto, e infecciones”, explicaron las investigadoras.

También dijeron que “existen efectos en la salud mental, e incluso en el proyecto de vida: las niñas tienen más probabilidades de abandono escolar, empleos informales, y se perpetúan ciclos de discriminación y pobreza”.

Otro eje de la investigación fue ver cuales son los costos de los servicios de aborto legales versus los costos de la atención de las complicaciones de abortos inseguros.

La respuesta fue que “los resultados de comparación de los costos monetarios totales (privados o de bolsillo y para el sistema de salud) del escenario actual de ilegalidad y práctica insegura del aborto, frente a escenarios potenciales de prácticas seguras, muestran que se podría ahorrar una gran cantidad de recursos si se implementaran los protocolos recomendados, lo cual solo parece posible en un contexto de legalización y control estricto de las prácticas”.