20 agosto, 2026

Lácteos Verónica pidió el concurso preventivo tras más de un año de crisis financiera y productiva

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Lácteos Verónica presentó esta semana ante la Justicia su solicitud de concurso preventivo de acreedores, luego de más de un año marcado por la caída de su actividad productiva, la falta de capital operativo y una creciente acumulación de deudas. La empresa santafesina mantiene sus tres plantas con actividad paralizada o reducida y enfrenta numerosos reclamos judiciales.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, donde ya tramitan distintas acciones contra la compañía. El expediente se encuentra actualmente en despacho y será la Justicia la que determine si corresponde avanzar con la apertura formal del concurso.

Fundada en 1923, Lácteos Verónica tiene una extensa trayectoria en la industria láctea argentina y permaneció durante más de seis décadas bajo la conducción de la familia Espiñeira. La compañía llegó a procesar más de un millón de litros de leche por día y tuvo más de 700 empleados.

La decisión de recurrir al concurso se produjo después de meses en los que la empresa intentó atender individualmente los reclamos de sus acreedores. El incremento de las acciones judiciales y la aparición de nuevos pedidos de quiebra llevaron finalmente a la compañía a buscar un proceso de reestructuración bajo supervisión judicial.

Entre los principales acreedores se encuentra el Banco Galicia, que recientemente solicitó la quiebra de la empresa. De acuerdo con los datos correspondientes a junio, la deuda de Verónica con esa entidad alcanzaba los $1.376,7 millones y se encontraba clasificada en Situación 3, categoría que refleja problemas financieros.

El pasivo bancario total ronda los $4.745 millones y comprende obligaciones con distintas entidades. Entre ellas figuran el Banco Nación, con unos $1.327 millones; Credibel, con $1.115 millones; Catalinas Cooperativa de Crédito, con $708 millones; y Banco Macro, con aproximadamente $208 millones, además de otras deudas.

A ese panorama se suma la existencia de más de 2.900 cheques rechazados, cuyo monto acumulado supera los $11.200 millones. La situación derivó también en una sucesión de reclamos judiciales por parte de proveedores y otras empresas.

Entre los pedidos de quiebra aparecen acreedores vinculados con la provisión de bienes y servicios, mientras que otras compañías iniciaron ejecuciones para reclamar el pago de sus obligaciones. La presión judicial llevó a Verónica a resolver algunos de esos reclamos: en marzo, la empresa canceló judicialmente una deuda de $23,2 millones y logró frenar un pedido de quiebra. Sin embargo, los incumplimientos continuaron y las obligaciones financieras siguieron aumentando.

Las plantas ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi, en Santa Fe, permanecen paralizadas o con niveles mínimos de actividad. La empresa enfrenta dificultades para acceder a materia prima y sostener el ritmo de producción que alcanzó durante sus años de mayor actividad.

La crisis también tuvo un fuerte impacto sobre los trabajadores. La dotación se redujo luego de que numerosos empleados buscaran otras fuentes laborales tras acumular meses sin percibir sus salarios. Los incumplimientos comenzaron el año pasado y derivaron en protestas y movilizaciones ante autoridades provinciales y nacionales. En ese contexto, el Gobierno de Santa Fe implementó asistencia económica y alimentaria para familias vinculadas con las plantas.

La falta de pagos también deterioró la relación con productores y proveedores y dificultó el abastecimiento de materia prima. Los acuerdos alcanzados durante el año pasado para intentar sostener la producción no permitieron recuperar una operatoria estable ni generar un flujo de fondos suficiente para mantener el funcionamiento de la compañía.

En paralelo, desde 2025 comenzaron a tomar mayor relevancia denuncias que atribuyen parte de la crisis a un presunto vaciamiento de la empresa. Trabajadores y legisladores plantearon cuestionamientos sobre el manejo de la compañía y señalaron que las dificultades no responderían exclusivamente a la situación general de la industria láctea.

En ese marco, también fueron señaladas operaciones vinculadas con Las Becerras S.A., una empresa relacionada con la familia Espiñeira y dedicada históricamente al abastecimiento de materia prima para Verónica. Según las denuncias, la firma dejó de proveer a Lácteos Verónica y comenzó a comercializar su producción con otras empresas del sector.

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Con la presentación del concurso preventivo, la situación financiera y patrimonial de Lácteos Verónica quedará bajo revisión de la Justicia Comercial. El proceso deberá determinar el alcance de sus obligaciones y ordenar la relación con los distintos acreedores, que incluyen entidades financieras, proveedores y otros reclamantes.

El pasivo bancario supera los $15.900 millones y constituye solo una parte del conjunto de obligaciones que deberán ser verificadas dentro del expediente. La apertura del concurso permitirá avanzar con una revisión judicial de los activos, las cuentas y las deudas de una compañía que lleva más de un año atravesando incumplimientos y con su actividad productiva prácticamente detenida.

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