Desarrollo en la causa Sur Finanzas: el ex presidente de Banfield solicita su sobreseimiento mientras avanza la investigación
Eduardo Spinosa en el Club Atletico Banfield de Futbol. 29.09.2021 Foto Maxi Failla
Recientemente, Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del Club Atlético Banfield, fue nuevamente indagado, esta vez en su calidad de representante del “Fideicomiso Reconstrucción Banfileña”. En su declaración inicial, reafirmó su inocencia frente a las imputaciones en su contra, que incluyen su supuesta participación en una red ilegal de lavado de activos en el fútbol local, junto a Maximiliano Ariel Vallejo, quien está vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Todavía queda pendiente la declaración indagatoria de Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero de Banfield durante el período en el que se produjeron los hechos en cuestión.
Luego del acto procesal previsto para el 5 de agosto, la fiscal podría emitir su dictamen sobre los imputados, permitiendo al juez evaluar la situación y determinar si procede el procesamiento o el sobreseimiento de los mismos.
La investigación se centra en la relación entre Sur Finanzas Group SA y varios clubes asociados a la AFA. Según las autoridades, esta entidad financiera habría implementado una estrategia diseñada para aprovechar la situación de vulnerabilidad de los clubes, actuando como proveedor de fondos e integrando capitales de origen presuntamente ilícito bajo la fachada de asistencia financiera legal.
Eduardo Spinosa presidió Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y desde 2021 hasta octubre de 2024, cuando fue superado en las elecciones por una lista encabezada por Matías Mariotto. La fiscalía lo sitúa como un actor clave en la maniobra, acusándolo de haber facilitado que el club se convirtiera en un canal para la integración de capitales ilegales a través de contratos de patrocinio y préstamos del grupo de Vallejo, con pagos gestionados a través del Fideicomiso mencionado, catalogado como un “vehículo de opacidad”.
La línea defensiva de Spinosa argumenta que la fiscalía ha tomado “elementos aislados de una operación compleja y los ha interpretado como si formaran parte de un esquema simple y clandestino”, cuando los documentos presentados evidencian una situación completamente diferente.
La defensa identifica cuatro áreas de negocio cuestionadas: el contrato con Auriga League S.A., el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, dos préstamos con Sur Finanzas y un acuerdo de patrocinio con empresas ligadas a este grupo, y cada uno de estos puntos será analizado para demostrar su legitimidad y respaldo documental en el contexto del club.
Los abogados del ex presidente, Diego María Olmedo y Hernán Guaita, argumentan que las acusaciones no identifican conductas engañosas o ilegales por parte de Spinosa, sino que reflejan una sospecha basada en su posición dentro del club. Según el escrito presentado, la fiscalía no logró demostrar que Spinosa hubiera actuado fuera de los mecanismos de decisión del Club.
El documento concluye solicitando el sobreseimiento bajo los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación.
Respecto al Fideicomiso, se presentaron pruebas que respaldan su constitución el 18 de diciembre de 2012, antes de los delitos investigados, y su posterior aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios en mayo de 2013, así como sus renovaciones en años posteriores.
La defensa también hace hincapié en que el fideicomiso no oscurece el proceso; por el contrario, lo aclara e inscribe dentro de la legalidad institucional del club. Asimismo, cuestionan la lógica de la fiscalía que relaciona las acciones de Banfield con las irregularidades atribuidas a Sur Finanzas y su propietario, Vallejo.
Otro punto debatido es el patrocinio con empresas asociadas a Sur Finanzas, que la fiscalía sugiere era un velo para justificar flujos económicos sin una base sólida. Spinosa presentó documentos que demostrarían la existencia de una propuesta de patrocinio del grupo financiero en diciembre de 2022, junto con pruebas de transacciones y compromisos publicitarios concretos.
Más allá del análisis de cada operación, el argumento de fondo subraya que la acusación no individualiza acciones específicas de Spinosa: “no acredita que haya actuado fuera de los órganos de decisión del Club o en contradicción con las normativas que regían las operaciones”, sostiene el escrito.
La defensa recalca que los cargos plantean una sospecha sobre Spinosa que radica en su posición institucional, argumentando que el derecho penal requiere la identificación de conductas personales claras y no puede basarse en inferencias relacionadas con el cargo. Este argumento se presenta como una de las debilidades fundamentales de la acusación.
El descargo dedica un segmento a señalar que la acusación contradice la información disponible en el expediente, el cual incluye contratos, actas y documentación bancaria. Se sostiene que la valoración penal no puede sustentarse en suposiciones o sospechas, y concluye que cuanto más se examinan los documentos, menos creíble resulta la idea de una conducta dolosa.
La defensa menciona que el derecho penal no está diseñado para sancionar desaciertos comerciales u operaciones financieras discutibles. El caso ahora aguardará la evaluación del juez y la fiscalía para determinar el futuro procesal de Spinosa.
