La Justicia rechazó el pedido del Gobierno y mantuvo la cautelar sobre las universidades públicas
Según Cormick, los acuerdos salariales y presupuestarios alcanzados entre el Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos universitarios no lograron demostrar que se han superado los perjuicios que dieron origen a la cautelar.
Esta decisión desfavorable para el Ejecutivo se enmarca en una acción colectiva impulsada por el CIN y otras organizaciones contra el Estado Nacional por el cumplimiento de la Ley 27.795, que se relaciona con el financiamiento de las universidades públicas.
Además, el juez otorgó un plazo de tres días al Gobierno para que presente un informe respaldado documentalmente, en el que debe detallar el estado actual del cumplimiento de los compromisos asumidos y especificar qué grado de ejecución se ha alcanzado con respecto a la cautelar en su totalidad.
El juez federal Martín Cormick resolvió mantener vigente la medida cautelar que protege a las universidades públicas y rechazó el pedido del Gobierno para dejarla sin efecto.
La decisión se tomó en el marco de una acción colectiva promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones contra el Estado Nacional, vinculada con el cumplimiento de la Ley 27.795 y el financiamiento del sistema universitario público.
Según el magistrado, los acuerdos alcanzados entre el Poder Ejecutivo, el CIN y los sindicatos universitarios en materia salarial y presupuestaria no permiten considerar que hayan desaparecido los perjuicios que habían dado origen a la medida cautelar.
Cormick también otorgó al Gobierno un plazo de tres días para presentar un informe acompañado por documentación. El Ejecutivo deberá detallar en ese documento cuál es el estado actual de cumplimiento de los compromisos asumidos y qué grado de ejecución alcanzaron las distintas medidas contempladas por la cautelar.
El pedido del Gobierno para levantar la protección judicial se había sustentado principalmente en los acuerdos alcanzados el 10 de junio con representantes del sector universitario.
Entre los compromisos asumidos se encuentra una actualización salarial del 24,33% para docentes y no docentes, que debía implementarse entre junio y octubre. También se acordó elevar un 20% los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
El entendimiento incluyó además una asignación de $50.000 millones destinada a hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
A partir de la resolución de Cormick, la medida cautelar continuará vigente mientras el Gobierno deberá informar ante la Justicia el nivel de cumplimiento alcanzado respecto de las obligaciones y compromisos vinculados con el financiamiento universitario.
